Al renunciar a los fueros, Cristina cambia el contexto del futuro fallo de la Cámara de Casación. Una apuesta fuerte por una defensa política de su caso.
Cristina Kirchner, como tantas veces en su vida política, transformó una crisis en una oportunidad para el resurgimiento, a través de la generación de un hecho de alto impacto. El día de su condena por corrupción, necesitaba equiparar con un impacto muy ruidoso; por eso decidió hacer un gesto de “renunciamiento histórico” lo suficientemente grande como para poder cambiar las portadas de los diarios y dejar en segundo plano la noticia de la sentencia.
El anuncio, sobre el final de su alocución, de que no se presentará a ningún cargo electivo la semana próxima no sólo tiene el efecto de tapar la principal noticia del día, sino que cambia por completo la escena política del país. Probablemente inspirada en hitos de la historia -por la cual ella siente una particular predilección-, su decisión guarda similitud con el célebre renunciamiento de Eva Perón, que al rechazar la postulación a la vicepresidencia dijo sus militantes: “Renuncio a los honores pero no a la lucha”.
En el caso de Cristina, su gesto tiene varias consecuencias políticas inmediatas. Primero, elimina toda posibilidad de comparación con Carlos Menem, que pasó los últimos 17 años de su vida dependiendo de los fueros de senador para no ir preso.
Ella misma demostró su desprecio por la posibilidad de hacer campaña bajo la posibilidad de ser “chicaneada” por sus rivales con epítetos como “la candidata condenada”.
Su renuncia, además, la erige en líder moral del peronismo: ahora, no habrá ningún dirigente del Partido Justicialista ni del sindicalismo ni de las organizaciones sociales, cualquiera sea su tendencia, que se anime a cuestionarla en público. El hecho de no postularse no significa que deje de tener protagonismo político: más bien al contrario, su propósito es concitar la unanimidad de la adhesión y concentrar el poder de elegir a los candidatos del partido.
Era algo que ya se venía insinuando hasta el punto que el presidente Alberto Fernández anunció que se investigará el episodio del viaje de los jueces a Lago Escondido, en el que están involucrados ejecutivos del grupo Clarín.
Por si no fuera suficiente, Cristina recordó lo que ya había manifestado en su alegato de defensa: que si había alguien a quien le cabía la responsabilidad de velar por el cumplimiento del presupuesto -lo que incluye la obra pública- es al jefe de gabinete y no al Presidente. Es una estrategia defensiva que hace socios de su eventual delito a Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
Desde la oposición, entre tanto, se podrá reflotar el tema corrupción, pero ya no se podrá acusar a Cristina de buscar un cargo como refugio.
La estrategia de Cristina, además, implica, un arriesgado contra-ataque al Poder Judicial. Porque, tal como ella planteó las cosas, el 10 de diciembre de 2023 debe ir presa, algo que no entraba en los planes de nadie.
Por lo pronto, eso cambia radicalmente el clima en el que los jueces de la Cámara de Casación tendrán que decidir sobre la apelación al fallo de primera instancia. Si Cristina estuviera protegida por fueros, una ratificación de la condena, por parte de la Cámara, no cambiaría en nada la situación: Cristina seguiría libre hasta que la sentencia fuera confirmada por la Corte Suprema. Y los jueces podrían fallar sin temer la consecuencia de una conmoción social.
Ahora, en cambio, los jueces se enfrentan a una situación más compleja. Si la condenan, estarán confirmando su prisión efectiva, por lo menos hasta que la Corte tome el caso, para lo cual pueden pasar años. Si, en cambio, la absuelven, se arriesgan a aparecer como presionados por el poder político.
Con su alegato sobre el episodio de Lago Escondido, la vicepresidente logró sembrar la desconfianza sobre la imparcialidad de todos los jueces, al punto de calificar al Poder Judicial como “mafia” y “Estado paralelo”. Pero, sobre todo, la intención de Cristina era caracterizar a los jueces y fiscales como empleados que trabajan para el “poder real”.
No por casualidad, en el cierre de su alocución decidió dirigirse personalmente a Héctor Horacio Magnetto, el principal ejecutivo del Grupo Clarín, a quien caracterizó como el verdadero artífice de su “persecución judicial”.
“Una muy buena noticia para usted, Magnetto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que les va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema de que me metan presa, sí. Pero mascota de usted nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada”, fue la frase de Cristina que se replicó miles de veces en los medios y las redes sociales.
El centro de su estrategia es consolidar la idea de que su situación judicial obedece a causas políticas y, por lo tanto, su respuesta también es política.
Ahora más que nunca, el argumento de la militancia K será que Cristina no es condenada por corrupción, sino como un castigo por haberse enfrentado a las grandes corporaciones que, segun ella, financian las operaciones de la oposición para actuar en su contra.
Cristina está convencida de que si algo la salvará de ir presa es ganar la batalla de la opinión pública. Es algo que ya se viene acentuando desde el atentado contra su vida, cuando el senador José Mayans, plantó que sólo un sobreseimiento podía ser garante de la paz social.
Es el argumento que están levantando los principales dirigentes del peronismo y es, en definitiva, el mensaje que se le quiere hacer llegar a los jueces de la Cámara de Casación, que ahora saben que la consecuencia de su fallo podría ser la prisión efectiva de la líder peronista, una situación de consecuencias sociales imprevisibles.