Alberto Rodríguez Saá busca retener el poder mediante cambios en el Sistema Electoral, despidos masivos en el Gabinete y llevando a cabo acciones con fines proselitistas impulsadas por el llamado «Plan Platita».

Habiendo logrado la suspensión de las PASO por la implementación de la controversial Ley de Lemas, el Gobierno de San Luis ahora apuesta a cambios en el Gabinete y al “Plan Platita” para intentar revertir el panorama de derrota que se le avecina de cara a las próximas elecciones generales.

«Plan Platita», demagogia de manual.

El uso burdo y grosero de fondos públicos para financiar su propia campaña política, no es algo novedoso dentro del espacio kirchnerista «Fuerza San Luis» que dirige el Gobernador Alberto Rodríguez Saá, ya que no es la primera vez que intenta apelar a éste y otros métodos antiéticos para torcer el resultado en las urnas, con la complicidad del actual Gobierno nacional.

Solo cabe recordar que después del 12 de septiembre de 2021 se distribuyeron $12.341 millones del fondo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con un fuerte sesgo político/partidario que buscaba apuntalar el mencionado Plan, con el fin de revertir los resultados de las elecciones en las distintas jurisdicciones que tuvieron como gran perdedor al Justicialismo en las primarias y obligatorias del año pasado, especialmente destinado a los frentes controlados por el Kirchnerismo.

Para San Luis, la gestión de Alberto Fernández envió 226 millones de pesos, que representó un 1,8% de ATN. Casi de inmediato y con el calendario electoral ya en marcha, fue que la justicia puso particular atención sobre un conjunto de denuncias que la oposición formuló en diversos distritos, apuntando contra el Gobierno sanluiseño por una batería de anuncios instantáneos señalados como proselitistas y cuyo único fin era el de revertir la derrota sufrida.

En ese contexto una de las tantas promesas lanzadas por el Gobernador en el marco del llamado Consejo Económico y Social, fueron créditos para el sector privado.

Unas 10 mil solicitudes fueron presentadas en ese entonces por emprendedores que tenían la esperanza de recibir créditos blandos que iban de $500 mil a $2 millones, pero finalmente los préstamos fueron entregados a discreción y la mayoría fueron negados sin ningún motivo, lo cual culminó con otro desastre administrativo de la gestión de Alberto Rodriguez Saá.

Ahora, con la excusa de «garantizar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y beneficiarios» se anunció a viva voz un aumento que alcanza al personal docente, de salud, fuerzas de seguridad, beneficiarios de Inclusión Social, Becarios 22 AG y escalafón general, además de un Bono de fin de Año de $40.000.

Nada sería reprochable en esta iniciativa si no fuera que su naturaleza es netamente política y con intenciones definidas debido a la oportunidad del anuncio y, por sobre todas las cosas, por el grado de abandono que los ahora «beneficiarios» han sufrido durante todos estos años, los cuales se han manifestado en múltiples ocasiones solicitando que se les reconsidere su situación precaria de ingresos. Pero, como suele decirse, «todo llega en algún momento» y, casualmente, fue en vísperas de un año electoral.

Cambios en el Gabinete y fracaso del plan de «trasvasamiento generacional».

«Trasvasamiento Generacional» fue el término que usó el Gobernador para caracterizar a la renovación sistemática de dirigentes públicos por agentes más «jóvenes y emponderados».

Entre estos funcionarios selectos se encontraban muchos de los ahora ex Ministros de la gestión Rodríguez Saá, los cuales fueron duramente cuestionados durante toda su estancia al frente de organismos públicos.

El caso más relevante es el de Luciano Anastasi, el cual, al timón del Ministerio de Estado de Seguridad provincial, fue responsable de la ola incontrolable de asesinatos, desaparición de personas, robos violentos, narcotráfico y toda una variedad de hechos relacionados con la delincuencia que han dominado las calles sanluiseñas. Uno de los jóvenes predilectos del saaísmo, protegido por el propio Alberto, aún luego de la desaparición de Guadalupe Lucero y el asesinato de Magalí Morales en manos de la fuerza policial de la provincia. Sumado a esto, hay que considerar, que el pedido de su renuncia por parte de la sociedad era una constante desde hace años, sin embargo, fue preciso esperar el momento indicado, cuando pudiera irse por la puerta de atrás, sin salpicar mucho más la imagen del hombre que le asignó tan relevante puesto, a pesar de su clara incompetencia.

Implementación de la Ley de Lemas: el juego sucio.

En un claro retroceso del sistema electoral e institucional, el gobernador en conjunto con legisladores obsecuentes, instauró un cambio de reglas de juego a meses de las elecciones del 2023.

La Ley de Lemas es un sistema electoral tramposo que no garantiza que el candidato más votado sea el ganador, además de representar un atropello a los partidos políticos y a la propia democracia.

A pesar de llevar adelante un intento desesperado por confundir al electrorado, el Kirchnerismo sanluiseño está dando los últimos manotazos de ahogado, en un claro final de ciclo.

Pese a ser empujados a sufragar mediante un sistema electoral tramposo, estas acciones evidencian el temor que invade al actual gobernador, lo cual, en conjunto con los movimientos predecibles y erráticos que este realiza disfrazados de decisiones oportunas y pertinentes, denotan el estado de fragilidad de una gestión que está en su ocaso y destinada al fracaso.