El 2022 terminará con un dato que asombra: el 51,7% de las personas que habitan la Argentina estuvieron alcanzadas por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o asistencia alimentaria oficial.
“Este número incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), los planes Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, las pensiones no contributivas que son aquellas que no (requieren aportes en la vida laboral y que entregan un ingreso del 80% de la jubilación mínima, además del PAMI) y otros programas nacionales como Más y mejor trabajo. A su vez, excluye a todas las jubilaciones contributivas y las que son por moratoria”, reseña Agustín Salvia, director del Observatorio Social de la UCA.
La cantidad de personas alcanzadas por este tipo de beneficios pasó de aquel 44,7% (2021) al actual 51,7%. Es decir, 16% en un año.
La política argentina parece resuelta a darle de comer en la boca a cada vez más gente antes que proponer un país en el que la mayoría se procure su alimento.
El porcentaje en crudo asusta: medio país necesita ayuda para subsistir. El fenómeno esconde una enorme paradoja: con cada uno de los millones de pagos que se hacen crece más y más la deuda social argentina.