Durante la inauguración de la ruta provincial N°3 en Catamarca, el presidente Alberto Fernández dejó entrever su creciente frustración al presionar a los gobernadores y empresarios para implementar el polémico bono de $60,000 propuesto por el Ministro de Economía y candidato, Sergio Massa. Estos llamados desesperados, sumados a la falta de una dirección clara, ponen de relieve la desorientación tangible que prevalece en la actual administración en medio de la compleja crisis que enfrenta Argentina.
El presidente Fernández, en un discurso impregnado de tonos confrontativos, presentó la iniciativa como un “plan justicia”, recalando que no se trata de un “plan platita”, sino de una medida que, en teoría, buscaría redistribuir equitativamente la riqueza. Sin embargo, la vaguedad en cuanto a su implementación resalta la carencia de una planificación coherente, desencadenando un amplio rechazo tanto del sector público como del privado argentino.
La visible exasperación de Fernández también emergió en sus críticas hacia la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones que optaron por no secundar la propuesta. Esta actitud despectiva hacia ciertas regiones y sectores parece reflejar más una expresión de desconcierto que un enfoque pragmático. La falta de un análisis exhaustivo y propuestas concretas para abordar la compleja situación económica y social sugiere una carencia de dirección firme en un gobierno que enfrenta la perspectiva de prolongar su mandato más allá de diciembre.
La demanda a los empresarios y gobernadores para que implementen el bono sin considerar las complejidades del contexto y las posibles repercusiones adversas, resalta la desconexión entre el discurso del presidente y la cruda realidad que atraviesa el país, reflejando una gran fragilidad política en el ocaso de su gobierno.