El Gobierno suscribió acuerdos con trabajadores del Plan de Inclusión, en contravención de la Ley de Presupuesto en vigor, según lo confirmó el propio Ministro de Seguridad, Claudio Latini. Él admitió que la firma de estos contratos careció de validez legal y que la solución depende de una modificación legislativa por parte de los senadores.
El viernes pasado, los trabajadores de Seguridad Comunitaria se autoconvocaron en Terrazas del Portezuelo para expresar su descontento ante la falta de pago por los contratos firmados antes de las elecciones del 11 de junio pasado.
En medio de la protesta, el Ministro de Seguridad, Claudio Latini, se dirigió a los beneficiarios del Programa y explicó que la realización de los pagos prometidos no estaba en sus manos, sino que requería la aprobación de los senadores. Latini reconoció que durante la campaña, Rodríguez Saá avanzó con la contratación de los trabajadores sin contar con un marco legal adecuado. Para regularizar estas contrataciones, es necesario modificar un artículo en la Ley de Presupuesto actual, dado que el proceso inicial carecía de legalidad.
Latini expresó: “Como parte del Ejecutivo, naturalmente deseamos que se unan a nosotros y obtengan un salario justo como cualquier empleado público. Sin embargo, existe una ley que establece un límite en la cantidad de empleados públicos, por lo que se está trabajando en modificar la Ley de Presupuesto para permitir su incorporación a la administración pública”. De este modo, reconoció la falta de cumplimiento de la promesa hecha a estos trabajadores antes de las elecciones y la necesidad de una corrección legislativa.
“Hasta que los senadores no aborden esta ley, no podemos afirmar que ya sean empleados públicos”, argumentó el funcionario, subrayando que el Poder Ejecutivo había suscrito contratos de manera irregular, sin el respaldo legal adecuado.