En la sesión del pasado miércoles, la Cámara de Diputados de la provincia rechazó por un estrecho margen de 22 votos en contra y 19 a favor, la propuesta de modificación del presupuesto presentada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Esta modificación pretendía otorgar al gobernador la facultad de crear nuevos cargos y nombrar personal en la administración pública provincial.
El diputado provincial Gastón Hissa, en representación del Bloque Unidos por San Luis, expresó enérgicamente su rechazo a esta propuesta y subrayó que la responsabilidad de esta situación recae completamente en el actual gobernador.
Hissa argumentó que este proyecto buscaba legitimar acciones fraudulentas e ilegales que contravienen las leyes y regulaciones vigentes en la provincia. Según sus palabras, se intentaba forzar la suscripción de actos administrativos sin contar con el respaldo necesario para cumplir con las obligaciones correspondientes.
Hissa apuntó contra el Gobierno provincial de encubrir a un pequeño grupo de individuos que habían firmado contratos de manera completamente ilegal y ahora pretendían que la Cámara de Diputados respaldara estos actos, que ya habían sido denunciados ante la Justicia.
La propuesta de modificación, que había obtenido previamente la aprobación del Senado provincial, habría permitido al gobernador Rodríguez Saá convertir a personal temporal en empleados permanentes de manera indiscriminada, al mismo tiempo que proporcionaría protección legal a los ministros que enfrentaban denuncias penales por la firma de contratos con personal de Inclusión Social en un momento en el que no existía un marco legal que lo autorizara.
Hissa enfatizó que la responsabilidad principal recae en el actual gobernador de la provincia de San Luis, quien, según sus palabras, había aprovechado la situación de necesidad que atraviesan muchos ciudadanos, especialmente los beneficiarios del Plan de Inclusión Social. El legislador instó a los responsables a enfrentar las consecuencias de sus acciones y rechazó cualquier intento de avalar actividades ilegales por parte de los representantes del pueblo.