El Gobernador Alberto Rodríguez Saá, en sus últimos días en el cargo, ha desatado una crisis financiera que dejará a la provincia en una situación desastrosa cuando asuma el próximo gobierno a partir del 10 de diciembre. Su plan de desestabilización, en el que recientemente ha obligado a participar a intendentes y comisionados, ha suscitado preocupación en todo San Luis.
La reciente medida implementada por el Gobernador en funciones, denominada “Salariazo” y dirigida hacia los empleados municipales, implicó elevar los salarios por encima de los $300 mil pesos. Para llevar a cabo esta iniciativa, convocó a todos los representantes locales de la provincia y, mediante la firma de un convenio, acordó la asignación de fondos provinciales a los municipios con el objetivo de alcanzar la cifra estipulada para los sueldos de los empleados públicos.
No obstante, esta decisión, en lugar de ser percibida como un gesto de generosidad, ha suscitado escepticismo entre los intendentes y representantes comunales. A pesar de verse obligados a suscribir el convenio que acepta estos fondos, han enfatizado que esta acción agrava aún más la situación financiera de la provincia. Además, han dejado en claro que estos recursos se destinarán exclusivamente a un aumento salarial durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que pone de relieve su falta de sostenibilidad a largo plazo.
El gobernador electo, Claudio Poggi, no ha escatimado críticas hacia el gobierno saliente, comparándolo con el emperador Nerón y manifestando su indignación ante el empedernido deseo de la administración Saaísta de dejar la provincia en llamas. Es importante destacar que Poggi ha denunciado continuamente la serie de actos inmorales de Rodríguez Saá, como las cuestionables designaciones de funcionarios y las licitaciones millonarias injustificadas emprendidas en estos últimos meses que comprometen los presupuestos futuros de San Luis.
El porvenir económico de la provincia se enfrenta a un panorama sombrío. Los ingresos mensuales de San Luis ya no pueden cubrir los gastos fijos, y para afrontar el desfasaje entre recursos y gastos en octubre y noviembre, se utilizarán los últimos 85 millones de dólares que la provincia tenía ahorrados, una decisión que ha generado una gran preocupación entre los sanluiseños.
La estrategia de Alberto Rodríguez Saá de socavar deliberadamente las finanzas provinciales y poner en peligro el futuro económico de San Luis al vaciar sistemáticamente las arcas de la provincia ha sumido a la población y al próximo gobierno en un estado de incertidumbre total. Esto plantea un desafío económico sin precedentes para los meses venideros, agravado por el contexto de profunda crisis nacional.