A través de un Proyecto de Ley impulsan la conformación de una Comisión que trabaje en la redacción de una propuesta legislativa para la distribución de la pauta publicitaria.
El proyecto presentado en el Senado provincial tiene como objetivo tres puntos específicos:
•Definir un marco normativo de asignación y distribución de pauta oficial con criterios objetivos y claros,
• Garantizar la independencia y transparencia informativa de los medios y periodistas y,
• Propiciar la diversidad y pluralidad de voces, evitando que la publicidad oficial sea utilizada como propaganda partidaria.
La Comisión deberá convocar a audiencias públicas para que periodistas, medios de comunicación, asociaciones profesionales y demás interesados en la temática puedan realizar sus aportes para la definición de ese marco normativo.
Según la información que surgió de la Cuenta de Inversión del año 2021, la provincia de San Luis destinó $ 1.242.993.020 en concepto de pauta oficial, sólo bajo la administración central, es decir, sin considerar los gastos en publicidad de las empresas y sociedades del estado, organismos descentralizados, autárquicos y demás entes del Estado Provincial, siendo este tipo de gastos, sumado a otro conjunto de erogaciones, lo que provoca que, por tercer año consecutivo, la provincia de San Luis registre un déficit fiscal.
“Mediante la asignación o retiro de la pauta oficial, el Gobierno provincial presiona a los medios de comunicación y periodistas para condicionar el contenido de sus expresiones, es por ello, que la distribución de la publicidad gubernamental no puede convertirse en un mecanismo de interferencia estatal para limar la libertad de expresión y, en definitiva, violentar el derecho de información de todos los ciudadanos” manifestaron desde el Bloque.
“Asignar pauta oficial de manera arbitraria, discrecional y con obsceno favoritismo que beneficie a medios o periodistas afines al gobierno o no asignar o “quitar” pauta oficial a aquellos medios o periodistas que no siguen líneas informativas de agrado del gobierno, constituyen casos violación a la libertad de expresión y también de una censura encubierta”, fundamentaron.