La tarea de exigir a las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis sobre el estado de situación del sistema educativo provincial es un derecho al acceso a la información pública para los ciudadanos que pretendan comprender las condiciones actuales del sistema educativo provincial post pandémico.
La educación en San Luis ha sufrido una serie de transformaciones pedagógicas, legales y de política educacional desde el Poder Ejecutivo Provincial sin el consenso de la comunidad especializada en educación e instituciones de prestigio académico y en complicidad con la ULP, institución creada con los fines de legitimar decisiones académicas de dudosa validez científica que luego se traducen en discursos sobre la innovación educativa y en decisiones políticas de ajuste presupuestario, persecución ideológica y control docente, gremial y estudiantil. Además, hay que tener en cuenta las consecuencias de las decisiones tomadas por el comité de crisis de la pandemia en relación a la educación pública y obligatoria.
Comprender las transformaciones en este período de los últimos tres años implica una lectura que está atravesada por un combo de Decretos y leyes impopulares e impuestas al cuerpo docente, estudiantes y padres de la comunidad educativa que apuntan a la precarización laboral docente, a la fragmentación social, educativa y cultural y a razones de índole políticas, administrativas/legales y pedagógicas del último periodo de la administración provincial con el fin de privatizar y tercerizar la educación pública.
Deberíamos hacer, en primer lugar, una evaluación que parta desde abril de 2020 teniendo como referencia el DNU que ordenaba la no presencialidad de los estudiantes a la escuela en el contexto de pandemia del Covid 19, con las consecuencias aún desconocidas del impacto de la virtualidad en la calidad educativa en las escuelas de la provincia, teniendo en cuenta datos (todavía desconocidos) de altísima deserción escolar en todos los niveles educativos en el periodo de confinamiento social.
En segundo lugar, el Decreto 270 del año 2021, de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en la escuela común que deja sin recursos a las escuelas comunes y especiales para los apoyos necesarios en inclusión como la inexistencia de gabinetes psicopedagógicos, accesibilidad en la infraestructura edilicias, y formación docente para la inclusión educativa.
Y en tercer lugar, evaluar los programas y proyectos educativos de las escuelas generativas , que son un verdadero secreto de Estado para quien pretende conocerlas desde dentro, su dimensión pedagógica/didáctica, administrativa y de regímenes laborales.
Así la Ley de escuelas Generativas pauperiza las condiciones laborales y estudiantiles de docentes y estudiantes concluye con su corolario de ilegalidad en el expedido de los títulos sin validez nacional.
Dadas las condiciones de la educación pública de la provincia de San Luis es imposible responder a una pregunta: ¿en qué condiciones edilicias, pedagógicas y administrativas se encuentran las escuelas de la Provincia? Esta imposibilidad se debe fundamentalmente a la privatización de la información pública y estatal como práctica de ocultamiento, arbitrariedad en las decisiones de gobierno y falta de democratización política.
Las políticas educativas de los últimos tres años, última gestión del gobierno del Dr. Alberto Rodriguez Saa, a través del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis, forman un complejo dispositivo de fragmentación del sistema educativo a través de discursos de desvalorización de lo público, control sobre lo jurídico y obediencia legislativa que produce como consecuencia una serie modalidades de gestión pública tradicional, privadas, públicas de gestión social, autogestionadas, digitales y generativas que apuntan a la fragmentación gremial, de participación docente en las decisiones curriculares, de oportunidades de acceso a la calidad educativa de los estudiantes de bajos recursos y de más control político sobre la democratización de las instituciones estatales.
