La Justicia ha emitido una orden que prohíbe al gobernador Rodríguez Saá realizar contrataciones y licitaciones que afecten el presupuesto provincial después de su mandato. La resolución, dictada por la Jueza Laboral N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, María Eugenia Bona, incluye la suspensión de llamados a licitación, adjudicaciones y contrataciones de obras públicas que excedan el período de Alberto Rodríguez Saá.
Esta acción judicial fue tomada en respuesta a una medida cautelar presentada por el gobernador electo Claudio Poggi, respaldado por Ricardo Endeiza, debido a la supuesta inconstitucionalidad de las acciones llevadas a cabo por el actual gobernador y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
La orden de la jueza Bona se aplica a diversas entidades gubernamentales, incluyendo el Poder Ejecutivo, la administración central y descentralizada, organismos autónomos, entidades descentralizadas del Estado, agencias y empresas. Además, se solicita la anulación de contrataciones y procesos de contratación que no cumplan con el procedimiento constitucional y cuya ejecución se extienda más allá del mandato gubernamental actual.