En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el domingo 18 de junio en Chaco, la desaparición y posterior asesinato de la joven Cecilia Strzyzowski se ha convertido en un tema central que expone la ineficacia del régimen político que ha gobernado la provincia durante los últimos 16 años. La baja participación ciudadana y el alto porcentaje de votos en blanco o anulados han dejado una profunda huella no solo en el contexto electoral chaqueño, sino también en toda la sociedad argentina.
La tragedia de Cecilia Strzyzowski ha resonado en las elecciones primarias de la provincia debido a la notable baja participación ciudadana y al alto porcentaje de votos en blanco o anulados en una clara muestra de descontento generalizado. El terrible hallazgo del cuerpo en un descampado ha conmocionado a la comunidad y se espera que los elementos secuestrados sean sometidos a pericias en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de la provincia.
En este contexto, legisladores de Juntos por el Cambio han exigido explicaciones a la Ministra Mazzina sobre su papel en el caso de la desaparición. Tanto diputados como senadores han reclamado una acción más enérgica por parte de la funcionaria, considerando que el caso tiene implicaciones políticas al estar vinculado al gobernador y candidato a la reelección, Jorge Capitanich. La diputada Carla Carrizo ha presentado una iniciativa en la Cámara Baja, mientras que el legislador Pablo Blanco ha solicitado la presencia de la ministra en el Congreso invocando el artículo 71 de la Constitución.
A pesar de las críticas recibidas, la ministra Mazzina ha intentado justificar su actuación argumentando que ha mantenido contacto con la madre de Cecilia y que se ha implementado un programa de ayuda económica a solicitud de la familia. Sin embargo, estas respuestas no han logrado calmar el descontento de la oposición y la sociedad en general. La falta de acciones concretas y el silencio por parte del oficialismo político chaqueño en relación con este caso han generado un fuerte cuestionamiento hacia la ministra y su gestión.
Además, se ha puesto en evidencia la postura de Mazzina en temas sensibles para la sociedad. En el pasado, la ministra se ha manifestado en contra de la despenalización del aborto, generando controversia y disconformidad entre los defensores de los derechos de las mujeres. Muchos representantes de colectivos relacionados con esta lucha han advertido y denunciado el supuesto “cambio de posición” de la ministra, considerando su nombramiento como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades como una usurpación de las luchas y reivindicaciones del movimiento de mujeres.
Por otra parte, durante su gestión en San Luis, Mazzina enfrenta acusaciones de impunidad en el caso del femicidio de Florencia Magalí Morales, quien fue asesinada por la policía local después de ser detenida en 2020 mientras realizaba compras durante la cuarentena y apareció muerta en un calabozo días después. La policía intentó encubrir el crimen haciéndolo pasar por un suicidio, y la familia de la víctima sigue exigiendo justicia hasta el día de hoy, denunciando constantemente la impunidad con la que se ha manejado el caso. Además, la gestión de la ministra en San Luis también incluye el lamentable caso de Guadalupe Lucero, la niña pequeña que desapareció en la Ciudad de San Luis hace ya dos años y cuyo paradero aún se desconoce.