En medio de su retirada, Alberto Rodríguez Saá está forjando alianzas comerciales millonarias con empresas afiliadas a su poder, incluso después de su mandato que concluye el 10 de diciembre.
A través de la licitación N° 1 de la Agencia para el Desarrollo Económico y Asistencia Social (anteriormente Caja Social), ha iniciado el proceso de concesión para operar las máquinas tragamonedas.
La convocatoria fue lanzada por Cecilia Badaloni, la encargada de la agencia bajo la dirección de Gretel Cali, antes de que fuera promovida al Tribunal de Cuentas. La presentación del edicto marca el inicio del proceso, y los detalles de las ofertas se darán a conocer a las 10 en el edificio La Herradura de Terrazas del Portezuelo.
El proceso de adjudicación de las salas de máquinas tragamonedas en varios lugares de la provincia está cuidadosamente regulado.
El medio El Chorrillero ha tenido acceso al pliego, que incluye un requisito particularmente favorable para la renovación del contrato por 10 años más al Grupo Slots.
Los requisitos del pliego son los siguientes:
• Tener al menos 20 años de experiencia ininterrumpida en la operación de máquinas electrónicas de juegos de azar.
• Tener al menos 5 años de experiencia ininterrumpida en juegos de azar en línea.
El segundo requisito es el que otorga prácticamente un monopolio al Grupo Slots, ya que es la única empresa en el país que cumple con más de cinco años en este sector.
El canon mensual por cada máquina se ha establecido en $8,333.34, con un mínimo de 594 máquinas iniciales.
El canon mensual total asciende a $4,950,003.96, y el contrato de 10 años se valora en $594,000,475.2.
El pliego también solicita inversiones en las instalaciones de las salas y propuestas relacionadas con el juego responsable, la perspectiva de género y la armonía con el entorno.
La garantía de impugnación es de $29,700,023.76.
Además de este proceso, hace menos de un mes se inició la licitación para los servicios de impresión, edición, digitalización y distribución del Boletín Oficial y Judicial de la Provincia, por un monto de $170,640,000.
Este negocio, que ha estado en manos de la empresa Payné durante décadas desde su privatización, pertenece al propio gobernador.
A pesar de que el mandato de Rodríguez Saá concluirá en tres meses, ha llamado a licitación por un período de un año, continuando con su plan sistemático de comprometer los fondos del presupuesto que gestionará el próximo Gobierno de Claudio Poggi.
Fuente: El Chorrillero