El expresidente Alberto Fernández, ha comenzado el proceso para obtener su jubilación como exmandatario del país. La pensión, estimada en alrededor de 7 millones de pesos mensuales, está actualmente en proceso de liquidación en la Anses, según fuentes cercanas al exfuncionario.
A pesar de haber explorado la posibilidad de residir en España, la ley 24.018 establece que los beneficiarios de la pensión vitalicia deben tener domicilio en Argentina. La diputada Graciela Ocaña sostiene que, dado que Fernández no reside en el país, el beneficio no debería corresponderle.
El entorno del exmandatario asegura que Alberto regresará al país antes de fin de mes para llevar a cabo el trámite de la pensión, descartando la idea de radicarse en España. La salud de su esposa, Fabiola Yánez, podría mantenerlo en una situación de agenda dual entre ambos países.
A pesar de las objeciones sobre su «honorabilidad» planteadas por la diputada Marcela Campagnoli, la posible eliminación de las pensiones por la Ley Bases difícilmente afectaría a Fernández, ya que el cambio no se aplicaría retroactivamente. Campagnoli argumenta que ciertos actos durante su mandato comprometerían su «honorabilidad», requisito para el beneficio, y ha solicitado a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas evaluar su idoneidad para recibir la pensión.
Entre los deberes incumplidos destacados por la diputada se encuentra que durante su mandato no renunció a su cargo como docente universitario. Además, menciona los escándalos en los que estuvo involucrado, como la «Fiesta de Olivos» durante la cuarentena y el «Vacunatorio VIP», hechos que, según ella, constituirían una clara «violación de la ley Ética Pública sobre deberes y pautas de comportamiento ético».
Por su parte, el círculo cercano al expresidente justifica la solicitud de la pensión argumentando que la necesita para cubrir sus gastos y destaca la ausencia de causas judiciales de corrupción en su contra tras su salida de la función pública.
