El expresidente se pronuncia por primera vez sobre la denuncia que lo señala en relación con los gestores que obtenían comisiones millonarias en el mercado cautivo de las dependencias estatales.

El caso de los seguros, que reveló la actividad de gestores vinculados al poder político que recibían comisiones millonarias en el mercado cautivo del Estado, ha llegado finalmente a manos de la Justicia, con el expresidente Alberto Fernández como uno de los denunciados. Se le acusa, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos, violación de deberes de funcionario y abuso de poder debido a los contratos de gestoría otorgados durante su presidencia a favor de su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del expresidente, María Cantero.

Según múltiples fuentes, Cantero, quien acompañó durante 30 años a Alberto Fernández, realizó llamadas para promover en diversas dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de seguros. A su regreso a Argentina desde España, Fernández buscó distanciarse de la situación, negando haber realizado gestiones con funcionarios para favorecer a Martínez Sosa, y afirmando que tampoco le solicitó a Cantero que lo hiciera. En declaraciones a LA NACION, Fernández expresó: «Dudo que ella haya hecho algo así; si lo hizo, no lo avalo. Nadie te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya actuado así; si fue así, se extralimitó».

El expresidente señaló que el decreto 823 de 2021, que él firmó y que estableció la obligatoriedad para los entes públicos de contratar a Nación Seguros, fue diseñado para poner fin a la intermediación. Argumentó que el decreto estipulaba que la contratación debía realizarse de manera directa, con el objetivo de eliminar el sistema implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, el cual, según él, propiciaba «muchos negocios».

La práctica denunciada obligaba a las dependencias estatales a canalizar los contratos a través de Nación Seguros, empresa que a su vez contrataba a un bróker y a empresas privadas, entre ellas algunas relacionadas con Fernández y Sergio Massa. Entre los intermediarios señalados se encuentra Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa, y Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.

Fernández aseguró que «nunca» conversó con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias.

Aunque varios convenios con Martínez Sosa y otros productores se firmaron antes del decreto, también hay algunos posteriores, como los realizados por la Casa de la Moneda y la Superintendencia de Servicios de Salud. Fernández afirmó no tener conocimiento de que dichas áreas requirieran la participación de brokers externos. Posteriormente, el expresidente consideró que ese negocio iba «en contra» del espíritu del decreto.

Uno de los firmantes de un convenio posterior al decreto fue Juan José Bahillo, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien respondía políticamente a Sergio Massa. Su área designó a Pablo Torres García, empresario vinculado al exministro de Economía. Fernández expresó a LA NACION que no tenía buenas referencias de este productor, es decir, del intermediario vinculado a Massa.

Fernández se mostró molesto por las implicaciones del escándalo y, en defensa de Martínez Sosa, afirmó: «No se trata de un Lázaro Báez», sugiriendo que el empresario tenía una trayectoria en el mercado de seguros antes de su aparición como gestor de negocios bajo su presidencia y la de Massa en el Ministerio de Economía.

Como anticipó LA NACION, la Gendarmería es uno de los organismos que contrataron a Martínez Sosa a través de uno de sus satélites. Cuando Nación Seguros intentó reducir la comisión del 15% al 10%, Martínez Sosa trasladó la cartera de pólizas de vida a La Caja Seguros argumentando que se trataba de aportes voluntarios. Fernández considera este caso como evidencia de que él no ejercía presión.

En una de sus declaraciones juradas, Fernández reconoce una deuda con Martínez Sosa, que surgió de un préstamo que tomó de su amigo cuando renunció a la jefatura de Gabinete de Cristina Kirchner, en 2008. Según su testimonio, el monto total fue de US$20.000, que nunca pudo devolver, por lo que lo reportó en su declaración jurada como funcionario al cerrar el período 2023, cuando la deuda seguía vigente.