El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado una nueva solicitud ante la Corte Suprema de Justicia, reiterando su reclamo por el incumplimiento de la medida cautelar que ordena la restitución de los fondos de coparticipación federal de impuestos por parte del Gobierno Nacional. La petición, firmada por el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarola, destaca una deuda acumulada de aproximadamente $148.000 millones hasta la fecha del 13 de julio de 2023.

En su denuncia, Astarola hace hincapié en el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema en diciembre de 2022, afirmando: «Conforme se expresara en nuestras anteriores presentaciones, se mantiene el incumplimiento a la medida cautelar dispuesta por V.E mediante sentencia de fecha 21 de diciembre de 2022».

El procurador también señala que las transferencias realizadas a la Ciudad de Buenos Aires han continuado siendo del 1,40% de la masa de fondos definida en la ley 23.548, en lugar del 2,95% ordenado por la sentencia. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad argumenta que la deuda total desde el fallo de la Corte Suprema asciende a $4.226.870.967,97. Por lo tanto, Astarola reitera «la solicitud de intimación al Banco Nación Argentina a que cumpla con las transferencias en el porcentaje, forma y tiempo en el que fueron ordenados».

Cabe recordar que el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires fue emitido por la Corte Suprema el 21 de diciembre de 2022, en el marco de una disputa por los fondos de coparticipación que el Gobierno Nacional había quitado por decreto en 2020, bajo la decisión de Alberto Fernández.

En ese entonces, el máximo tribunal decidió de manera unánime reintegrar a la Ciudad el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables que le habían sido recortados para ser transferidos a la provincia de Buenos Aires.

Si bien el fallo de la Corte Suprema otorgó razón a la Ciudad en su reclamo presentado en 2020, no resolvió la cuestión de fondo. Se trata de una medida cautelar que dispone la entrega «a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 2,95% de la masa de fondos» hasta que se resuelva la discusión que enfrenta a la Ciudad con el Gobierno Nacional.