A los retrasos en pagos a prestadores se suma un posible DNU que afectaría el financiamiento del Fondo de Discapacidad, el cual quedaría bajo la órbita del Tesoro Nacional.

Luego de que Sergio Massa iniciara su plan de recortes, comenzaron a circular versiones que hablaban de un ajuste en discapacidad.

En respuesta, el Ministerio de Economía salió con una serie de tweets que negaban rotundamente el recorte en un área sensible. «Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por sub-ejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas», expresaron en la cuenta oficial de Hacienda.

Entonces, si desde Economía dicen que no hay ajuste, ¿de qué se trata?. En principio lo que hay es un retraso cada vez mayor de los pagos a prestadores. Esta situación afecta sobremanera a las personas que necesitan asistencia ya que los prestadores, impactados por el aumento de la inflación, comenzaron a negar la atención. Es así que desde el Colectivo de Discapacidad, que nuclea a prestadores de servicios de salud, ONGs, familiares y pacientes con discapacidad, se sostiene desde hace días un acampe en Plaza de Mayo en reclamo de respuestas.

Señalan que además, desde siempre, las familias de personas con discapacidad suelen pagar las prestaciones por adelantado y luego cobran el reembolso. El retraso en la llegada de los depósitos, sumado a un contexto cada vez más inflacionario, también afecta a los usuarios. Cuando los prestadores no cobran, también se demoran los reintegros.

«Una familia no puede estar esperando 70 días porque el prestador se le va y la familia pierde al prestador. Y si se te va el fonoaudiólogo es un problema. Hay una necesidad de continuidad en la atención», explicó Varina Suleiman, abogada, docente de Derecho (UBA), activista en derechos de las personas con discapacidad y asesora legal de Fundación Rumbos.

La Agencia de Discapacidad ya se pronunció públicamente, reconoció el retraso administrativo y explicó que se reordenarán los pagos. Pero lo que efectivamente preocupa al Colectivo, es un posible Decreto de Necesidad y Urgencia que afectaría el origen del financiamiento.

Actualmente las prestaciones por discapacidad se financian con el Fondo de Redistribución Solidario (FRS), una masa de dinero que se forma del aporte del 5 y el 3 por ciento que tanto empleadores como trabajadores en relación de dependencia realizan. El 15 por ciento del total del monto recaudado se destina a sostener el FRS.

Este Fondo fue credo en 1980, depende de la Superintendencia de Salud y permite pagar no solo las prestaciones por discapacidad sino también las oncológicas o las de enfermedades raras. El problema es que los salarios no fueron acompañando la inflación y ese fondo se fue quedando desnutrido. Esta desactualización del FRS afecta a las transferencias que se orientan a la población con discapacidad.

«Hay un DNU que anda circulando y que les haría un gran favor a los sindicatos a costa de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cambiaría el origen del financiamiento del Fondo de Redistribución Solidario al Tesoro Nacional. El Gobierno dice que la misma obra social va a reintegrar los fondos. Pero el problema es que si el FMI pide que se ajuste en la plata del tesoro, se va a recortar ese fondo», aclaró la abogada Suleiman.

Si bien el DNU no está publicado, el movimiento de personas discapacitadas ya ha levantado las alarmas. Sospechan que el objeto de esta acción es que las personas con discapacidad empiecen a pertenecer directamente al Ministerio. Pero si no pueden garantizar un pago en 90 días, es inimaginable que tan a la deriva quedarían.

Si bien el atraso es de carácter histórico, con el proceso inflacionario, la situación es muchísimo más grave.

Todo el conflicto con las prestaciones para las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores de los servicios devengados se tradujo en una marcha masiva de velas que comenzó en la noche del pasado viernes en el Obelisco y que luego copó la Plaza de Mayo. También se replicó frente a la Quinta de Olivos e incluso en varias provincias, como Córdoba y Santa Fe.

Alrededor de las 21, varios videos de la movilización comenzaron a circular en Twitter. Todos ellos, con los siguientes hashtags como denominador común: #NoAlAjusteEnDiscapacidad, #MassaAjustaALosDiscapacitados y #DiscapacidadEnEmergencia.

Tanto en las pancartas como en las redes, uno de los principales apuntados fue el ministro de Economía, Sergio Massa, que se encuentra en Estados Unidos a quien responsabilizaron por no haber enviado «los fondos para el fondo solidario de redistribución que pague los fondos que tiene que pagar».

«Nos dicen que está todo solucionado y pagado, pero es mentira, todavía los prestadores del país no están percibiendo sus haberes, o lo hacen de manera parcial, y las deudas atrasadas aún no se abonaron», se quejó Marcela Kriskovich, una de las referentes de la lucha.

«Hay un ajuste brutal que estamos viviendo. El sistema de prestaciones básicas de discapacidad esta completamente vaciado, no están funcionando la mayoría de prestaciones a nivel nacional, no se están dando los certificados de discapacidad, no se están aprobando disciplinas ni horas de las personas con discapacidad, los presupuestos se están ajustando año a año», expresaron desde la Asociación Civil de Prestadores Unidos.

Desde la entidad remarcaron la idea del «ajuste» y señalaron que no se trata de una «subejecución del presupuesto», tal como expresaron desde el Gobierno nacional.

El Gobierno sostiene que no es un ajuste y un recorte, pero la realidad muestra que hay una Agencia Nacional de Discapacidad que no funciona y son los derechos de personas en una situación tan sensible los que están siendo vulnerados.