CUANDO LA «AUTONOMÍA MUNICIPAL» SE TRANSFORMA EN UNA EXCUSA CONVENIENTE DE UN GOBIERNO PROVINCIAL IRRESPONSABLE.

El Funcionario Comunal de El Trapiche, Juan Manuel Rigau, que en junio del año pasado decretó una rebaja de su sueldo en un 20%, basado en la prioridad de mantener el correcto sostenimiento de los servicios básicos, pagar en tiempo y forma los salarios municipales y asistir a los vecinos del ejido más afectados por la pandemia del coronavirus; actualmente es víctima de una operación política del Justicialismo de San Luis.

Pese a afrontar con estoicismo la difícil situación socio-económica que atravesó y aún atraviesa el país debido al deplorable manejo de la pandemia tanto a nivel nacional como provincial y, de trabajar de manera incansable para lograr poner de pie a su localidad; el Intendente de la Comuna Turística sufre, por estos días, las consecuencias de una lamentable pero conocida artimaña política con el sello distintivo del oficialismo provincial.

La metodología es siempre la misma: donde gobierna la oposición, se actúa con desprecio, activando automáticamente cualquier mecanismo de acción que conlleve a desestabilizar la gobernabilidad de quien ejerza el Poder Público, sin importar que ostente democráticamente sobre sus espaldas la representatividad de su pueblo, efectuando presión por cualquier medio posible, aunque ello incluya incurrir en declaraciones falaces.

Por estas horas, «el Intendente Gaucho», como lo reconocen cariñosamente en su pueblo, quedó en el ojo de la tormenta debido a un hecho por el cual, medios de comunicación y funcionarios que responden al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, le atribuyen la completa responsabilidad del voraz incendio que comenzó el pasado 6 de julio en la zona de almacenamiento de residuos de la Municipalidad y que se prolongó hacia otros sectores del Pueblo, con penosas consecuencias para la fauna y la flora autóctona.

Lejos de entrar en suspicacias respecto a quién o qué fue lo que originó el fuego, hay una realidad objetiva, la cual responde al sistemático abandono del Gobierno de la Provincia hacia los Municipios con representantes Ejecutivos que trabajan fuera de su órbita partidaria.

La lógica consiste en la salida más fácil, que reside en culpar al que se encuentra en cierta desventaja con respecto al poder, al que se juzga como débil ante el enorme aparato político oficial, intentando incriminar así, a un Intendente que en reiteradas oportunidades tuvo que recurrir al Estado Nacional con el fin de gestionar obras de infraestructura para su localidad como consecuencia de la obstinada indiferencia recibida desde Terrazas del Portezuelo por no ser correligionario de una casta de políticos obsecuentes, siendo por esto, simplemente, librado a su suerte y sin recursos para llevar adelante los proyectos necesarios para su gente.

Ahora bien, que una Provincia que ostenta ingresos millonarios y obras faraónicas tenga municipios tratando de sobrevivir después de una pandemia mundial, llevando a algunos Jefes Comunales a tener que tomar decisiones extremas como rebajar sus haberes para sostener la economía de su pueblo, no habla de una redistribución justa de ingresos ni de una justicia social, sino que se asemeja más a un autoritarismo, que centraliza la economía y la distribuye a sus ansias a modo de migajas «premiando» solo a quienes se «portan bien» y obedecen sin cuestionar.

No es justo que el «chivo expiatorio» del lamentable acontecimiento sea un Intendente que ha sabido ganarse el cariño y respeto de su gente con trabajo duro, transparencia, responsabilidad y humildad; mientras que, desde el Gobierno Provincial, intentan reputar responsabilidades desde un relativo concepto de «autonomía municipal» en base al que, de manera discrecional, señalan a su conveniencia al Jefe Comunal como supuesto causante, cuando, en realidad, las acciones en lo referido al bienestar público, deben ser llevadas a cabo en forma cooperativa por consecuencia de las obvias limitaciones económicas y técnicas que cualquier Municipio enfrenta a la idea de obra pública, como en este caso, lo que debería haber sido la construcción de un imprescindible centro de almacenamiento y procesamiento de residuos.

Este incidente podría haberse evitado, especialmente, si no hubiese fallado la observancia de los representantes del Justicialismo puntano en el Concejo local, mismos que no supieron detectar el potencial peligro sino hasta que ocurrió el dramático evento, siendo los primeros en cuestionar y mostrar indignación, cuando su inoperancia tampoco les permitió actuar de manera preventiva con un proyecto a tal fin o haciendo las gestiones pertinentes en pos del beneficio común, quedando, como resultado de lo ocurrido, un largo margen de discusión y reticencia acerca de la verdadera causalidad del hecho, pero dejando en claro, que este tipo de oposición solo actúa para propinar críticas, más nunca soluciones.

En referencia a este caso, el Intendente de la Villa de Merlo, el Dr. Juan Álvarez Pinto, se solidarizó mediante sus redes sociales con su par de la hermana localidad de El Trapiche; expresando: «intentan desestabilizar y ensuciar las buenas gestiones, como las que lleva adelante Juan Manuel Rigau, Intendente de El Trapiche, a quien hoy atacan con sucias campañas de desprestigio por el solo hecho de haber demostrado que se puede gobernar con honestidad y eficiencia».

A su vez, sintetizó lo vivido en experiencia propia con respecto a las operaciones políticas oficialistas que constantemente intentan desestabilizar su Gobierno mediante acciones desleales, las cuales, atentan contra el desarrollo de una democracia plena y la consolidación de una sincera autonomía de los Gobiernos Locales que, cuando se desenvuelven por fuera del partido político hegemónico, deben soportar constantes hostigamientos y persecuciones que buscan entorpecer o difamar sus gestiones, siendo tildados de «rebeldes» por buscar un desarrollo económico genuino para su pueblo y no ceder ante un sistema que solo genera dependencia y sumisión.