El Gobierno provincial está otra vez en el foco de la crítica por su enfoque en gastos monumentales. Ahora lo que ha llamado la atención es el desembolso de alrededor de $200 millones mensuales para el lavado de sábanas en el Hospital Ramón Carrillo, mediante un contrato firmado por la doctora María José Zanglá por la sorprendente suma de $600 millones, abarcando los próximos tres meses. Todo esto a tan solo unos pasos del final de su mandato, lo que levanta sospechas y críticas.

Los últimos días de gestión de Alberto Rodríguez Saá se convirtieron en una carrera por dejar las arcas provinciales notoriamente exhaustas. A medida que se acerca el cierre de la administración, se han revelado una serie de contratos extravagantes. Entre ellos, destaca ds citado gasto de $600 millones destinado al lavado de sábanas en el Hospital Ramón Carrillo. Esta noticia emergió a la luz a través de un edicto correspondiente al llamado N° 27 de la Sociedad del Estado Ramón Carrillo, presidida por María José Zanglá. Este contrato no solo ha llamado la atención por su magnitud, sino también por la conexión potencial con actividades sospechosas.

Este contrato, valuado en $599.056.000, se traducirá en un gasto de $200 millones al mes, específicamente para el servicio de lavado de sábanas, durante el último trimestre de la presente gestión. El nombre de la entidad favorecida por esta adjudicación será divulgado el próximo 31 de agosto, agregando un elemento de suspense a este ya polémico asunto.

Este no es el único caso de gastos excesivos que han salido a la luz en los últimos 60 días de la administración saliente. Esta serie de gastos, que incluye bienes, servicios y obras, ha acumulado costos substanciales, sumándose al gasto en empleo público y en el ámbito político. El resultado es un escenario de debate sobre la administración financiera responsable y la transparencia en la toma de decisiones.

Es fundamental destacar que estos excesivos gastos tienen el potencial de afectar el presupuesto asignado al próximo gobierno provincial. Esta preocupante tendencia de derroche y falta de priorización podría comprometer la capacidad de respuesta a las necesidades genuinas de la sociedad.

El gobernador electo, Claudio Poggi, ha expresado su preocupación y advertido sobre los peligros de otorgar contratos millonarios sin sentido, como es el caso de la expansión del predio del Festival del Caldén, una inversión de $2.500 millones que despierta incredulidad.

Otro ejemplo de gastos excesivos se encuentra en la oficina de la ministra y rectora de ULP, Alicia Bañuelos. En los últimos días, han sido aprobadas licitaciones que ascienden a $3.861.515.944,20. Estas licitaciones abarcan una amplia gama de gastos, desde repuestos e insumos hasta equipamiento, traslados de personal, artículos electrónicos, soluciones antivirus y mantenimiento.