Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) se emitió un comunicado dando a conocer el riesgo de que comiencen las clases en las Universidades, debido a la grave situación salarial que enfrentan la docencia universitaria y preuniversitaria.

En este marco, solicitaron paritarias libres y sin techo, eliminación del Impuesto a las Ganancias, la elevación sustantiva del mínimo no imponible, actualización de los haberes jubilatorios respetando el 82 % y el 85 % móvil, incorporación de ayudantes de segunda a la garantía salarial, implementación de un programa para docentes ad honorem y contratados y la revisión del nomenclador universitario.

En el contexto de haber cerrado un 2022 sin una recuperación real del saldo, expusieron que la inflación anual fue del 94,8% y que los incrementos salariales (aplicados sobre los salarios del mes de marzo de 2022) sumaron un 86%.

“Para compensar esta pérdida salarial se otorgaron los siguientes incrementos: un 2% en enero, 4 % en febrero y 2 % en marzo del 2023. Es decir, recién los primeros días de abril del 2023 se alcanzará el 94%”, argumentaron.

Y agregaron: “Mientras tanto, la inflación de estos primeros meses agudiza la diferencia respecto de nuestro salario pues para enero 2023 fue del 6 %. El perjuicio económico sobre nuestro salario, producido por la inflación cercana al 100%”. Consideraron que dicha pérdida equivale a un salario de cada categoría y aconsejaron que “la revisión prevista para este mes debe compensar esa pérdida”.

Por su parte, sugirieron que “la paritaria 2023 debe iniciar con un porcentaje de incremento que permita ganarle a la inflación y revisiones permanentes. Esta exigencia que plantea el contexto inflacionario implica que rechazamos la pretensión del ministerio de Economía de imponer un techo salarial del 60 % a las paritarias para todo el año 2023”.

“La situación de nuestro sector presenta condiciones que hay que abordar de manera integral: salarios bajos que requieren Garantía Salarial y salarios también bajos que son alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Los incrementos salariales son absorbidos casi en su totalidad por el impuesto al salario; es decir, prácticamente no hay aumento”, manifestaron.

También, tuvieron en cuenta que el ingreso de los jubilados del sector perdió poder adquisitivo y que “por ello se necesita un mecanismo compensatorio que asegure que esos ingresos son el equivalente del 82% y el 85% del salario activo”.