La tensión política en San Luis alcanzó un punto álgido con la aprobación exprés de un controvertido proyecto en la Cámara de Diputados. Los legisladores afines al gobernador Rodríguez Saá impusieron su mayoría y sancionaron la creación de 53 nuevos cargos, generando un fuerte rechazo por parte de la oposición y del gobernador electo, Claudio Poggi.
La ley, que había ingresado a la Legislatura apenas dos días antes, fue aprobada en el Senado en una votación cuestionable. La sesión en Diputados estuvo marcada por maniobras dilatorias de la oposición para evitar el quórum, pero finalmente, con el voto de los legisladores oficialistas, se alcanzó la aprobación.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, mostró una actitud autoritaria al mantener la sesión a pesar de la ausencia de la oposición y la falta de consenso. La diputada Teresa Páez solicitó el tratamiento sobre tablas del proyecto, que fue avalado sin debate por los legisladores afines al oficialismo.
Este proyecto de ley, que crea una estructura funcional ampliada para el Poder Legislativo, fue rechazado vehementemente por el bloque poggista, liderado por Gastón Hissa. Hissa denunció la falta de respeto hacia la voluntad del electorado y acusó al gobierno de Rodríguez Saá de intentar crear un «gobierno paralelo» que carecerá de validez una vez que el nuevo gobierno asuma en diciembre.
El gobernador electo, Claudio Poggi, se unió a las críticas y rechazó rotundamente la aprobación de esta ley, mostrando su descontento con la forma en que se llevó adelante el proceso legislativo.
El hecho de que este proyecto se haya tratado con tanta celeridad y sin un debate amplio y transparente, solo refuerza la percepción de un manejo autoritario por parte del oficialismo, lo que ha generado una creciente controversia en el panorama político de San Luis y un descontento generalizado en diversos sectores de la sociedad.
