A través de un acto de corrupción sumamente escandaloso, exfuncionarios ligados al gobernador Alberto Rodríguez Saá fueron descubiertos coaccionando a jueces para que presentaran renuncias. Sergio Freixes y Mario Zavala, quienes desempeñaron roles ministeriales durante el mandato de Rodríguez Saá, eran los principales actores en esta trama en la que persuadían a futuros jueces a entregar renuncias anticipadas en blanco. Estas renuncias serían posteriormente utilizadas estratégicamente por el Poder Ejecutivo.

En un momento decisivo, la Cámara Federal de Casación Penal tomó una medida trascendental al rechazar los recursos interpuestos por Freixes y Zavala. Estos exfuncionarios buscaban eludir la condena que se les impuso en 2018, la cual incluía cinco años de prisión, inhabilitación especial para ocupar cargos públicos durante una década y costas judiciales. La sentencia se basaba en su participación en un caso que causó conmoción en San Luis y en todo el país en 2004. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis los había declarado coautores penalmente responsables de delitos contemplados en el artículo 149 bis, segundo párrafo, y 149 ter, inciso segundo, apartado a) del Código Penal de la Nación, delitos que perjudicaron a Marina Claudia Ziliotto.

El testimonio crucial de Ziliotto, quien estaba destinada a asumir un cargo en el ámbito judicial durante la primera gestión de Alberto Rodríguez Saá, reveló cómo Zavala le exhibió una renuncia sin fecha dirigida al Gobernador y con su cargo, instándola a seguir el mismo procedimiento para avanzar en su carrera judicial. Este testimonio quedó registrado en la causa y fue parte esencial en el proceso legal.

Casi dos décadas después de los acontecimientos originales, Freixes y Zavala siguen enfrentando graves implicaciones legales y han agotado sus opciones de apelación. La resolución de la Cámara Federal reafirma la necesidad de que cumplan la condena impuesta en 2018.

Estos eventos judiciales están captando la atención de los actuales funcionarios, quienes se ven envueltos en las controvertidas acciones del gobernador Alberto Rodríguez Saá. A pesar de las advertencias, como las realizadas por el propio gobernador electo, Claudio Poggi, el equipo de Rodríguez Saá podría enfrentar procesos judiciales en un futuro cercano debido a acciones administrativas que ponen en riesgo los fondos públicos provinciales. En contraste, el actual gobernador parece estar eludiendo la responsabilidad, en una dinámica similar a la de Freixes y Zavala.