DEJA SIN EFECTO LA SENTENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA PROVINCIAL, ANTE UN CLARO INTENTO DE CENSURA Y PERSECUCIÓN PERODISTICA.
El periodista Diego Masci, quien había sido condenado por la comisión del delito de publicación indebida de una comunicación electrónica, fue exonerado por el máximo órgano de justicia de la nación, dejando sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis.
La persecución por parte del gobierno de Alberto Rodriguez Saá hacia el comunicador, había comenzado luego de que este, publicara un video de la entonces ministra de Educación Natalia Spinuzza, en el que admitía haber consumido marihuana en Ámsterdam.
Ante esto, la Justicia de San Luis condenó al periodista por considerar que éste habría invadido indebidamente el derecho a la intimidad, privacidad y honor de la entonces Ministra, hecho por el cual, La Corte Suprema, entendió que el Superior Tribunal de Justicia no había realizado “una revisión amplia e integral de la condena, en particular del agravio vinculado a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 155 del Código Penal a la luz del derecho a la libertad de expresión” y, aplicando la doctrina del precedente “Casal”, dejó sin efecto la condena y ordenó que se dicte un nuevo fallo.
Por su parte, la Procuración General de la Nación consideró en su dictamen ante la Corte Suprema que esa decisión de la justicia sanluiseña no había tenido en cuenta que Spinuzza era una persona pública y que, por tanto, los argumentos utilizados para descartar la afectación a la libertad de expresión no eran suficientes para respaldar una condena penal.
«Hoy es uno de esos días donde cobra sentido seguir peleando por los propios ideales. Hoy en la provincia de San Luis y en la Argentina, los periodistas vuelven a escribir en libertad. La justicia sumisa de Alberto Rodríguez Saá se estrelló contra la Constitución Nacional y los tratados internacionales que protegen la libertad de expresión», fueron las declaraciones de Masci en su cuenta de Twitter, luego de conocerse el fallo.
La decisión unánime y ejemplar del organismo judicial nacional, puso en evidencia un claro intento del oficialismo provincial de atacar la libertad de expresión, algo a lo que acude constantemente para tratar de ocultar cualquier acto que se aleje de los principios éticos y morales que deben predominar en el ejercicio de la función pública.
