Más de 35 funcionarios públicos de la provincia de San Luis han recibido una notificación legal que los pone en alerta. El gobernador electo Claudio Poggi envió cartas documentos a diversas figuras políticas, entre ellas el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá, ministros, secretarios de Estado y presidentes de entes descentralizados y SAPEM, exigiéndoles que se abstengan de comprometer los fondos estatales más allá del 10 de diciembre.
Esta drástica medida se tomó luego de que se descubriera la realización de contratos para trasladar a funcionarios políticos a la plantilla de empleados públicos de San Luis. Claudio Poggi, al hacer pública esta situación, advirtió que aquellos destinatarios de las intimaciones que violen la normativa vigente serán denunciados tanto civil como penalmente, y deberán hacer frente a las consecuencias utilizando su propio patrimonio para compensar cualquier perjuicio al erario público.
La lista de funcionarios a los que se les ha enviado la carta documento es extensa e incluye a destacadas figuras del gobierno provincial. Entre ellos se encuentran el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el secretario general de la gobernación Miguel Anger Berardo, los ministros de Hacienda Pública, Gobierno, Justicia y Culto, Seguridad, Obras Públicas e Infraestructura, Educación, Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, Salud y Producción, así como el fiscal de Estado y otros funcionarios de alto rango.
Además, también se ha intimado a los presidentes de entes y SAPEM como la Universidad Provincial de Oficios, la Universidad de la Punta y San Luis Agua Sociedad del Estado, entre otros.
Esta acción sin precedentes busca garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos en la provincia de San Luis. Claudio Poggi ha dejado en claro que no tolerará irregularidades y que todos los funcionarios deben rendir cuentas por sus actos.
Entre los habitantes de Villa de Merlo, esta acción ha sido ampliamente respaldada y vista como un paso positivo en la lucha contra la corrupción y la mala gestión. La sociedad espera que esta medida ejerza una presión real sobre los funcionarios, obligándolos a actuar de manera responsable y confiando en que esta sea solo la primera de muchas acciones que marquen un nuevo rumbo para la provincia con la esperanza de que se haga justicia y se garantice un uso adecuado de los recursos públicos.
El futuro de los involucrados en esta situación está en juego. Sus acciones serán minuciosamente examinadas y cualquier violación a la normativa vigente tendrá consecuencias legales significativas. La advertencia de responder con su patrimonio ha generado un ambiente de preocupación entre los funcionarios señalados.
La transparencia y la rendición de cuentas son valores fundamentales para el sostenimiento de la confianza en el gobierno y el fortalecimiento de la democracia. Las actuales decisiones del gobernador electo, Caludio Poggi, vislumbran que aunque el camino es largo, es el sendero correcto hacia un mejor futuro para todos los sanluiseños.
