El Gobierno encabezado por Alberto Rodríguez Saá, está intentando ejecutar, sobre la educación pública, la implementación sistemática de un enorme vaciamiento curricular, que afectará a toda la comunidad educativa.

Los distintos grupos docentes y gremios que vienen luchando con asambleas, movilizaciones, denuncias y comunicados contra las políticas de ajuste y recorte, encuentran un nuevo objeto de repudio en las «gestiones de innovación» que el gobierno provincial intenta establecer a través de un más que cuestionable esquema de políticas educativas.

Desde que fue lanzada la supuesta “paritaria histórica”, en ningún momento toda la cartera ministerial se abocó a discutir sobre aumentos salariales, mayores derechos, mejoras en la calidad educativa para las y los estudiantes, equipamiento tecnológico, inversión en infraestructura edilicia, llamados a coberturas de cargos, capacitación permanente a la inclusión escolar o, al menos, consejos escolares con la participación de toda la comunidad educativa, para tratar las diversas problemáticas que acontecen diariamente dentro del aula y de la escuela.

Esto sumado a que el supuesto fracaso de la educación que insinúan los funcionarios provinciales, les ha sido adjudicado a las y los docentes, quienes son meros engranajes de las decisiones políticas aplicadas bajo los caprichos del ejecutivo provincial.

Bajo estos pretextos, el Gobierno tiende a aniquilar lo público en materia educativa gestando fragmentaciones y dispositivos a partir de la descentralización en materia educativa como son: las escuelas autogestionadas, generativas, digitales, entre otras. Además de destruir la carrera docente, estas instituciones ofrecen contrataciones bajo el régimen del monotributo, contratos por tres meses, sin ningún tipo de estabilidad laboral.

Ahora, con el inicio del mes de agosto, el Gobierno provincial relanzó el Sistema de Gestión Educativa (SGE). El cual se trata de una aplicación desarrollada por el ministerio de Ciencia y Tecnología que está destinada al uso de los docentes para la carga de información vinculada a los alumnos.

Desde el ministerio de Educación destacaron la puesta en función de nuevas funcionalidades. Pero no tuvieron en cuenta los inconvenientes que inmediatamente advirtieron los maestros y profesores. El principal problema es la falta de equipamiento digital para poder usar la plataforma.

Esto se debe a que debe instalarse en el teléfono, tablet o en una computadora. Sin embargo, muchos carecen de dispositivos tecnológicos o solo cuentan con el celular, y desde el Gobierno no hicieron alusión a la entrega de aparatos para tal fin.

Esta situación fue expuesta por los mismos educadores en las redes sociales de la cartera educativa. Y ahora se sumó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), que por medio de una nota dirigida a la ministra Eugenia Cantaloube, plasmaron una serie de interrogantes.

En el texto hicieron referencia a la circular que recibieron donde no se establece la obligatoriedad del SGE, pero que en la práctica pareciera lo contrario. Relataron que “algunos funcionarios plantean la necesidad de que se empiece a utilizar de manera inmediata, dando a entender que no existe la posibilidad de negarse a su utilización.

Asimismo, transmitieron que no todos los maestros cuentan con dispositivos para usar la aplicación y en el caso de tenerlos, no se los puede obligar a convertirla en su herramienta de trabajo. Sin lugar a dudas estos actos son una completa falta de respeto a las y los docentes de la provincia y otra muestra mas del desprecio a la labor que nuestros educadores llevan adelante con tanto esfuerzo. Continúan subestimando su actividad y les hacen perder su valioso tiempo con modelos experimentales de educación que en nada responden a las verdaderas necesidades de la comunidad educativa sanluiseña.