En una aberrante y cuestionable decisión, legisladores leales al gobernador saliente, Alberto Rodríguez Saá, han dado su respaldo incondicional a la creación de más de 50 nuevos cargos en la Legislatura provincial. Los senadores María Angélica Torronteguí (Pueyrredón), Diamela Freixes (Dupuy), Juan Carlos García (Belgrano), Diego García (Ayacucho), Daniel Camilli (Pringles) y Mariana Cruz (San Martín) han sido señalados como cómplices de esta maniobra, que ha despertado fuertes críticas por parte de la oposición y la sociedad en general.

El proyecto busca establecer puestos jerárquicos con sueldos exorbitantes que serán ocupados por personas cercanas al círculo íntimo del gobernador Rodríguez Saá. Esta clara maniobra de nepotismo y amiguismo pretende afianzar el poder del mandatario saliente, creando un estado paralelo con el objetivo de mantener su influencia en la política provincial incluso después de dejar su cargo.

De manera espontánea, los legisladores mencionados impulsaron el proyecto en la sesión de este martes 25, sin importarles el rechazo que pudiera generar en la población. Además de los más de 50 nuevos cargos propuestos, también buscaron asegurar la permanencia en la Legislatura de un importante grupo de trabajadores, siguiendo la nefasta práctica de los funcionarios del gabinete provincial en distintos ministerios.

El respaldo de estos legisladores afines a Rodríguez Saá a la creación de nuevos cargos ha despertado el repudio de aquellos que anhelan un cambio en la política de la provincia. Varios históricos legisladores y funcionarios oficialistas, que llevan décadas en el poder, no dudaron en aprovechar la oportunidad para nombrar a sus allegados en estos puestos recién creados, a tan solo pocos meses de abandonar sus funciones.

Legisladores de la oposición, como Adolfo Castro Luna y Sergio Guardia, han alzado su voz en contra de esta maniobra, argumentando que es inconstitucional y representa un despilfarro del dinero de los contribuyentes, hablando de cifras superiores a los $500 millones. Castro Luna señaló que el pueblo de San Luis votó por la austeridad y rechazó el amiguismo y la politiquería que caracterizan a este tipo de acciones.

La senadora Diamela Freixes, intentando justificar la creación de estos cargos, sostuvo que era necesario actualizar las normas que rigen la Legislatura. Sin embargo, su argumento no logra ocultar la verdadera intención detrás de esta medida, que es mantener el control y la influencia del gobernador saliente en el próximo gobierno electo.

El pueblo de San Luis ha manifestado en las urnas su deseo de un cambio y de poner fin a prácticas políticas corruptas y clientelistas. Sin embargo, con la aprobación de este proyecto, los legisladores afines a Rodríguez Saá demuestran una vez más su lealtad ciega al gobernador saliente, en detrimento del bienestar y los intereses de la población.

La sociedad sanluiseña se encuentra indignada viendo cómo se reparten los cargos y privilegios entre los aliados políticos del actual gobierno, mientras muchas necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Es la propia ciudadanía la que exige transparencia y responsabilidad a sus representantes, para que prevalezca el verdadero interés del pueblo por encima de los vicios particulares de unos pocos.