Los trabajadores, pertenecientes a distintos organismos del Estado Provincial, enfrentarán la suspensión de sus haberes por 90 días mientras se desarrolla el proceso, tal como lo estipula el Estatuto del Empleado Público.

El caso se suma a la cesantía de 62 empleados contratados que ya habían sido desvinculados por la misma irregularidad, en cumplimiento de la normativa vigente.

La auditoría de Recursos Humanos continúa para detectar posibles nuevas irregularidades y reforzar los controles en la administración pública provincial.