Por estas horas, son cientos los docentes provinciales que padecen las consecuencias de las políticas de gobierno de Alberto Rodríguez Saá, que arremeten contra este sector de manera histórica, generando desempleo, precarización de trabajo que, junto a la escasez de llamados a concursos, forjan un sistema de acciones gubernamentales de ajuste y desfinanciamiento de la educación pública
Aún cuando al momento de la asunción de María Eugenia Cantaloube en diciembre del 2021 como actual Ministra de Educación, se prometía escuchar y dar soluciones a todos los sectores, la realidad, es que miles de docentes egresadas y egresados de los profesorados y carreras universitarias, continúan sin lograr acceder al mercado laboral, considerando que las y los recibidos de los Institutos de Formación Docente Continua (IFDC), tanto de la Ciudad de San Luis como de la Ciudad de Villa Mercedes, y de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), entre otros establecimientos de educación superior, pueden tardar años en conseguir trabajo, o siquiera una suplencia; por lo que, las posibilidades de inserción laboral son una odisea para quienes se egresan de tales instituciones. Por si esto fuera poco, se suma el perjuicio generado por la principal maniobra política en contra del sector, que insta a la tercerización de la enseñanza, como es el caso de las llamadas “Escuelas Generativas”, que además de provocar un descenso considerable en la matriculación de las escuelas estatales, también contribuye al empeoramiento de las condiciones laborales de la docencia debido a las características de contratación que implementan, basadas en contratos temporales con posibilidades de renovación a un año y/o como monotributistas, apelando a la multifuncionalidad de las profesoras y los profesores en todas las áreas educativas, en detrimento de la carrera docente y poniendo en peligro los cargos para concursar, así como las trayectorias escolares de las y los estudiantes, dejando en claro cual es la política educativa gubernamental que tiene como fin, continuar degradando el sistema educativo provincial, con el objetivo de “reducir los costos”.
Las constantes denuncias y movilizaciones llevadas a cabo por Asociaciones de Docentes Autoconvocados, como la desencadenada en noviembre de 2020, cuando docentes de la Ciudad de Villa Mercedes y de la capital puntana, junto con trabajadores fabriles, estudiantes y diversas organizaciones, realizaron un caravanazo y una manifestación en las puertas del Ministerio de Educación de la Provincia y de la Casa de Gobierno local que culminaron con la renuncia, en Julio del año pasado, del infame Ministro de Educación de ese momento Andrés Dermechkoff, siendo estos hechos, los antecedentes inmediatos de lo que desembocaría en la histórica y masiva marcha del pasado martes 28 de junio, en la que cerca de 5000 personas coparon las calles de la capital puntana en defensa de la educación pública y en la cual, docentes, estudiantes y familias, pusieron un alto al avasallamiento sistemático llevado adelante por el Gobernador Alberto Rodríguez Saá mediante políticas y reformas contra la educación pública y los derechos de los docentes y estudiantes, siendo esto, una clara demostración de unión de los distintos grupos sociales decididos a fraternizar en pos de organizarse y luchar por sus derechos.
El panorama es claro: docentes sin cargos, es decir, sin trabajo ni obra social o con suplencias cesanteadas desde el comienzo de la cuarentena o con docentes que hace más de un año que esperan percibir su sueldo; situación edilicia deplorable en muchos establecimientos educativos distribuidos a lo largo del territorio; una comunidad educativa golpeada a raíz de las incertidumbres laborales; desmantelización de la educación pública mediante políticas de tercerización; intentos de reforma del Estatuto Docente con el único fin de desintegrar los cimientos de sus derechos; todo ello, maquillado detrás de discursos falaces desde el Ejecutivo Provincial que promulgan avances hacia una supuesta “modernidad” educacional infundada, presumiendo otorgar “sueldos privilegiados” cuando hace mas de 40 años no se realizan paritarias gremiales y las sumas no remunerativas que complementan el salario de un educador no le permiten realizar aportes dignos para su jubilación o cobrar un salario complementario anual adecuado.
Aunque desde el oficialismo insinúan rebeldía e irrespeto por las acciones de resistencia efectuadas, los “maleducados”, en realidad, no son nuestros estudiantes, no son nuestros docentes que brindan hasta el último ápice de su energía para formar a nuestros hijas e hijos como personas de bien, ni las asociaciones que se solidarizan con ellos manifestándose de manera ruidosa y multitudinaria, los “maleducados” son ellos, los que no respetan a las Instituciones, los que sentados en la comodidad de sus escritorios deciden, de manera premeditada, despojarnos de la única herramienta que nos permite razonar y discernir, desarrollar espíritu crítico y cuestionar, pero por sobre todas las cosas, la que nos permite acercarnos a vislumbrar el sentimiento de ser libres.
