Los hechos lamentables que se vienen suscitando en nuestra provincia evidencian el decadente grado de relación entre el Gobierno provincial y la Democracia auténtica.
Cuando un Gobierno ataca el derecho a la información y a la libertad de expresión, sin dudas está ejerciendo mecanismos propios del autoritarismo, el cual tiene como objetivo, doblegar a su pueblo a través del uso de la violencia institucional, privando el desarrollo de una herramienta imprescindible para la consolidación de una vida democrática.
«El Gobierno de la provincia de San Luis no reprime a los puntanos y a las puntanas. El Gobierno de San Luis no reprime a los jóvenes (…)», fueron las contradictorias palabras del Ministro de Estado de Seguridad provincial, Luciano Anastasi, al referirse al hecho ocurrido el pasado sábado a la tarde cuando efectivos de la Comisaría 1 de la capital puntana, reprimieron brutalmente (con disparos incluidos) a jóvenes que se reunían en la Plaza Pringles, lo que tuvo como resultado a nueve adolescentes de entre 15 y 18 años encarcelados por desarrollar un estilo musical urbano caracterizado por una inherente libertad de expresión.
En este sentido, la ahora ex periodista de Canal 13 (emisora televisiva propiedad del oficialismo) Vanesa Escudero, fue despedida días atrás por «hablar de lo indebido» en un claro mensaje con tintes mafiosos del Gobierno de Alberto Rodriguez Saá que fue dirigido a todo el periodismo provincial, plasmando de manera más que explícita, que si no ajustan el contenido de las informaciones brindadas a los intereses dominantes, serán víctimas de la censura, actuando con total impunidad y utilizando el poder político como mecanismo de doblegación de la libertad de expresión, consagrada en los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución Nacional.
En referencia a lo anterior y, en un breve repaso histórico, cabe recordar la inescrupulosa Ley N° 5626, sancionada en 2004 en nuestra provincia promulgada por el mismo Alberto Rodriguez Saá, mediante la cual, se pretendía crear un registro de editores, impresores y redactores bajo la jurisdicción del Fuero Provincial del Crimen, prohibiendo, entre otras cuestiones, a los menores de edad ejercer el periodismo gráfico e intentando establecer el derecho de réplica únicamente para los funcionarios públicos, pretendiendo así, obligar a los editores y periodistas a autocensurarse, cuando el deber impredecible de la prensa libre es ejercer el control sobre los actos de gobierno.
A través de la mencionada norma, el oficialismo intentaba obligar a los editores a revelar el nombre y la dirección de los autores de los artículos periodísticos que pudieran resultar encuadrados en la amplitud de figuras penales que hasta el momento eran materia exclusiva de la jurisdicción federal, lo cual otorgaba discrecionalidad al Ejecutivo a la hora de condenar cualquier acto de libre expresión y emprender una vergonzosa persecución y represión de las libertades individuales y colectivas.
A pesar de ser derogada poco tiempo después debido al fuerte repudio recibido, no solo en el ámbito provincial, sino también a nivel nacional e internacional, es un vestigio de que las acciones que van en contra de los derechos sociales son una práctica histórica de nuestro gobernador, que acostumbra a llevar adelante decisiones unilaterales que ponen en duda sus promesas de trabajo en favor del bienestar social.
Las acciones que atentan contra símbolos y emblemas, no solo de la oposición, sino de la vida e historia democrática nacional, son una marca registrada del justicialismo sanluiseño y, a la vez, una clara muestra de la intolerancia y desprecio por la diversidad y la libertad de expresión de las personas. Muchos podrían pensar que no existe relación entre lo ocurrido en la localidad de Anchorena el pasado 1 de agosto con lo planteado hasta el momento, pero en el instante en que un grupo de inadaptados militantes vandalizó el mural de Raúl Alfonsín pintado por María del Carmen Estrada en conmemoración de los 39 años de Democracia, se consolidó otro lamentable hecho con más que elocuentes fundamentos partidistas, comparables con mensajes de «advertencia» de pandillas delictivas, lo que va en completa concordancia con la forma de «hacer política» de un régimen que avanza en contramano de cualquier principio de Constitucionalismo Democrático.
Sr. Anastasi, el Gobierno de San Luis sí, reprime; sí, limita; sí, coacciona contra la libertad de expresión; sí, abusa del poder que el pueblo le ha delegado; sí, es intolerante con los que piensan distinto.
La única razón por la que muchas de sus arteras intenciones no han prosperado ni prosperarán, se debe a que gran parte del pueblo no se somete y elige seguir luchando, con el único objetivo de constituir una alternativa a esta forma de ejercicio del poder público que apela constantemente al abuso y al irrespeto hacia los preceptos constitucionales buscando continuamente desequilibrar la balanza hacia el lado del poder, procurando disminuir, progresiva y sistemáticamente, los espacios de participación y libertad ciudadana.