Una vez más, las propuestas del gobernador Alberto Rodríguez Saá en el ámbito de la justicia han generado controversia. Entre los nombres presentados para ocupar cargos en el Poder Judicial, surge el de Marcelo Palacio Fernández, un ex policía con un pasado manchado por acusaciones graves.
Las denuncias en su contra datan de mayo de 2005, cuando se le imputó el delito de robo doblemente calificado, por uso de armas de fuego, en banda y en despoblado. Junto a otro policía de apellido Stagnoli, se los acusó de asaltar a un ciudadano en su vivienda en Justo Daract, golpeándolo y sustrayéndole dinero. Los detalles surgidos de la investigación apuntaban a un vehículo Fiat Palio gris utilizado por los perpetradores, reconocido por la víctima y su familia.
Tras un período en prisión preventiva, Palacio Fernández fue sobreseído gracias a un pedido de nulidad, que según rumores, habría estado vinculado a presiones políticas. Este hecho en sí mismo plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial, al parecer permeable a influencias externas.
Ahora, sorprendentemente, este mismo individuo ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de Fiscal Adjunto de la Segunda Circunscripción, abarcando Villa Mercedes y zonas aledañas. ¿Qué mensaje envía esta nominación? O peor aún, ¿Qué intenciones existen detrás de esta decisión del actual gobernador?
El pueblo de San Luis tiene el derecho de contar con representantes en el Poder Judicial que gocen de una intachable reputación y capacidad profesional. La inclusión de Marcelo Palacio Fernández en la lista de postulantes, inevitablemente levanta serias sospechas sobre los criterios de selección utilizados por Rodríguez Saá y sus funcionarios.
