El Gobierno se apresta a cerrar hoy un mega canje de deuda por 9,8 billones de pesos que vencerían entre abril y julio. Camino a las elecciones, el objetivo es despejar el horizonte y patear esas obligaciones para más adelante, hasta 2024 o 2025, cuando ya la Casa Rosada esté bajo otra administración. Algo que desató ayer la dura reacción de Juntos por el Cambio, que a través de un comunicado advirtió sobre lo que denominó como “una nueva maniobra del Ministerio de Economía que solo traerá más inestabilidad” y que, según alertaron diputados y senadores, “podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor”.

La coalición opositora le apuntó así a la operación que, según se prevé, terminará de concretar este mediodía el secretario de Finanzas, Eduardo Setti (y posiblemente el ministro Sergio Massa), cuando se reúna con los principales banqueros y ejecutivos de companías de seguros en la sede del Palacio de Hacienda.

Si bien las negociaciones siguen abiertas trascendió que las entidades recibirían nuevos bonos emitidos por el Tesoro con vencimientos escalonados para 2024 y 2025 y bajo dos modalidades: el 80% de los títulos se ajustarán por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER, que toma como base la inflación) y el 20% restante serán bonos duales, que brindarán cobertura ante un salto en el tipo de cambio oficial.

El Tesoro se propone captar los papeles que vencen desde hoy hasta fines de junio y, a cambio, entregar tres títulos ajustables por inflación (CER). A pedido de los bancos, también habrá bonos duales, que ofrecen el mejor resultado entre el IPC y el dólar. Lo que restaba ultimar son las condiciones del put (opción de venta), una suerte de «seguro» para que el Banco Central les compre los bonos en caso de que quisieran venderlos.

La transacción, según se adelantó oficialmente, incluirá también un decreto para llevar adelante un canje de deuda intra sector público. Es decir que los bonos en pesos emitidos por el Tesoro que están en manos de la Anses, el Banco Central y otras reparticiones ingresarán automáticamente en el acuerdo. El grueso de esa deuda vence en el segundo semestre de este año.

Aunque en el propio ministerio de Economía admitían ayer que es imposible conseguir un 100 por ciento de adhesión, se conformaban con que entre un 70 y 80 por ciento de los bonistas acepte el plan para aliviar, siquiera de manera temporal, la economía de su enorme carga de deuda en pesos.

Mientras en el Gobierno buscan con este canje alejar la chance de un cimbronazo cambiario cerca de las elecciones (evitando que los tenedores de bonos en pesos busquen cobertura en el dólar en lugar de refinanciar), en Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron que la operación “les dará a los bancos una opción que ningún inversor tiene: un ‘bono dual’ ajustado por inflación o devaluación y la posibilidad de vender todos los títulos al Banco Central en cualquier momento”.

En un comunicado conjunto titulado “Una nueva maniobra del Ministerio de Economía que solo traerá más inestabilidad”, diputados y senadores opositores aseveraron que la medida implicaría “un seguro de cambio para los bonistas (bancos)” y que la deuda local “que vencía cada tres meses, ahora -en la práctica- tenga vencimientos diarios. Todo ello extendido hasta 2024”.

Según los legisladores de JxC, “esta acción supondrá un enorme riesgo para los argentinos, ya que podría desembocar en un salto inflacionario aún mayor al ya producido por este Gobierno, además de generar serios problemas a la gestión presente y futura”. Aseguraron a su vez que “esta intromisión constituye una violación a los principios de la Ley de Administración Financiera y la propia Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina”.

La propuesta de la Rosada a los banqueros y compañías de seguros fue criticada también por el diputado y uno de los economistas de referencia del PRO, Luciano Laspina, quien en declaraciones radiales dijo que la deuda es “una bomba que hay que frenar. La deuda creció muchísimo y en un ritmo récord. Este año, el PBI va a caer un 3% o 4%”.

La Argentina, según Laspina, “está en una situación crítica, muy grave. Hay métricas y condiciones que tiene la economía como las que tenía a finales de los ’80”. En ese sentido, propuso “ir desarticulando el cepo cambiario de a poco, pero primero hay que mostrar que el Gobierno pudo encaminar sus cuentas”.

En la misma línea, el diputado Fernando Iglesias recurrió a Twitter para advertir que “el plan bomba de Sergio Massa no es solo contra el próximo gobierno, sino contra todos los argentinos”.

Sobre la cuestión también se había interesado la precandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, que días atrás participó de un almuerzo con banqueros locales que le reclamaron no “reperfilar” la deuda en caso de resultar electa.

Los cuestionamientos se conocieron en medio de las negociaciones del Gobierno con el FMI para intentar aliviar las exigencias sobre la acumulación de reservas para el 2023. El equipo de Sergio Massa, encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein, busca cerrar en las próximas horas la revisión de objetivos hasta diciembre pasado y que el organismo baje la meta de reservas en hasta US$ 2.000 millones por las contingencias de este año.

El staff del Fondo había alertado en diciembre que la sequía podría reducir las exportaciones y la entrada de dólares, recalentando la inflación y «poniendo en peligro» el acuerdo. Para el Gobierno, el panorama fue peor de lo previsto. Las reservas netas debían alcanzar los US$ 7.700 millones a fines de marzo, un nivel difícil de lograr con un stock menor a US$ 4.500 millones en el Banco Central, según cálculos privados.

Para evitar solicitar un perdón o waiver, Massa pidió que se contemple el impacto de la sequía, la guerra en Ucrania y la gripe aviar. Los últimos cálculos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cifran la pérdida de exportaciones en US$ 14.000 millones.

Desde Economía apostaban a cerrar este capítulo la semana pasada, pero las negociaciones se dilataron en medio de las señales de deterioro por la caída de la actividad, la pérdida de reservas y la expectativa de una inflación del 100% anual en febrero. En ese marco, el Fondo habría sumado como condición suspender el programa de recompra de bonos con reservas, que contribuyó a contener el dólar paralelo.