En una medida que ha generado fuertes críticas y levantado sospechas de nepotismo y favoritismo, el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá ha presentado al Senado de la provincia un listado de 17 fiscales y defensores adjuntos para ser designados en el Poder Judicial. Esta acción, llevada a cabo a pocos meses de finalizar su mandato, ha despertado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
Las propuestas de Rodríguez Saá incluyen a una gran cantidad de individuos que han estado vinculados estrechamente con el poder ejecutivo, ya sea como funcionarios, asesores, militantes o amigos políticos. Un ejemplo destacado es la ex presidenta del Consejo Provincial del Partido Justicialista albertista y diputada hasta el año 2021, María Eva Morel, quien figura en la lista de postulantes.
Resulta alarmante que estas designaciones se estén realizando en los últimos meses de un gobierno saliente, lo que ha generado sospechas de intentos de asegurar una influencia política prolongada en el Poder Judicial. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del sistema judicial de la provincia.
Además, es importante destacar que entre los candidatos propuestos no se evidencia una amplia experiencia en el ámbito judicial ni una trayectoria destacada en el campo legal. La selección de fiscales y defensores adjuntos debería basarse en criterios de idoneidad, profesionalismo y mérito, en lugar de favores políticos y relaciones personales.
Resulta especialmente preocupante que estas designaciones se realicen en una provincia donde históricamente se han denunciado irregularidades y falta de transparencia en el sistema judicial. Esta situación solo sirve para socavar aún más la confianza de la ciudadanía en la justicia y deja en entredicho la integridad del proceso de selección de magistrados.
Es necesario que el Senado, como órgano encargado de evaluar estas propuestas, realice un análisis exhaustivo de cada candidato y tome decisiones basadas en los principios fundamentales de independencia y meritocracia. Los legisladores tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de las instituciones y asegurar que el Poder Judicial cuente con profesionales idóneos y comprometidos con la justicia.
