El tristemente célebre artilugio demagógico y carente de toda moral conocido como «Plan Platita», tuvo su raíz en la inyección de dinero propiciada por el Estado en la previa a las elecciones legislativas de 2021, cuando el gobierno nacional comenzó a otorgar a mansalva bonos a los considerados sectores postergados, refuerzo en asistencia alimentaria y el adelantamiento del grueso de las paritarias del sector privado, con el fin de manipular el resultado de las urnas.

La consultora Aerarium, especializada en economía y finanzas del sector público, denunció que “después del 12 de septiembre de 2021 se distribuyeron $12.341 millones del fondo en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con un fuerte sesgo político/partidario que buscó apuntalar el ‘Plan Platita’”.

Esta maniobra se replicó en distintas jurisdicciones del país en las que, coincidentemente, la oposición al oficialismo nacional planteaba una inminente victoria, siendo un caso particular el de la Provincia de San Luis.

Recordemos que durante las PASO del 12 de Septiembre del año pasado, el peronismo en San Luis obtuvo el 37,3% de los votos contra el 46,9% de Juntos por el Cambio-Unidos por San Luis; después de aquel resultado, una batería de anuncios fueron publicados a través del Decreto 5959 del 5 de octubre del 2021, Instrumento Administrativo mediante el cual el gobernador puntano modificó el Presupuesto, ampliando la partida para Recursos de la Administración Central, lo que consistió claramente en la utilización burda y grosera de fondos públicos para financiar la campaña política del espacio kirchnerista Fuerza San Luis dirigido por el Gobernador Alberto Rodríguez Saá, a través la entrega de dinero en efectivo o bienes, con el ánimo de revertir la derrota electoral de las PASO en las elecciones generales que se llevarían mas adelante, el 14 de noviembre.

Ante esto, el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio – Unidos por San Luis, presentaría una denuncia contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”. Se trató de 400 millones de pesos que se otorgarían en concepto de “adelantos de coparticipación para los municipios del oficialismo provincial y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado”.

Si bien en el espectro populista, el uso discrecional de fondos públicos para financiar intereses políticos no se trata de una maniobra novedosa, lo realmente innovador de este plan, fue la utilización compleja de las instituciones, en lo que se denominó como una ingeniería moderna de derivación de recursos que se fundamentó en las necesidades sociales, encontrando sustento en los preceptos de organismos internacionales, consiguiendo así servirse de los más vulnerables como verdaderos «chivos expiatorios» por acciones tan inmorales, empleando las necesidades de las personas agravadas por la pandemia, como el motor de tan imperdonable acto de corrupción.

Volviendo a lo ocurrido en nuestra provincia, por decisión del juez Juan Esteban Maqueda cuatro programas económicos quedaron suspendidos hasta que pasaran las elecciones, es decir que recién podrían otorgarse a partir del 15 de noviembre de 2021: fondos rotatorios que destinaba $ 5 millones a cada Ministerio, planes sociales por $ 20.000, se impidió continuar con microcréditos de hasta $ 50.000 y poner en marcha subsidios a asalariados que completaban salarias de 60 a 70 mil pesos.

La decisión de dictar la medida cautelar sobre ese conjunto de disposiciones, fue en base a un pedido del fiscal Cristian Rachid quien había solicitado urgentes medidas cautelares «para evitar la comisión de delitos electorales» e impedir que se «vulneren los derechos políticos de los ciudadanos, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a sus representantes». Lo cual tenía todo el sentido.

En consecuencia, en un acto éticamente reprochable, la Legislatura provincial votó una resolución cuyo primer articulado versaba: «Expresar repudio por las medidas cautelares solicitadas por el Comité Electoral de Juntos por el Cambio y posteriormente requeridas por el Dr. Ricardo Rachid, con el fin de suspender parcialmente las medidas de reactivación económica de la Provincia». Siendo esto un claro acto de «superposición» de poderes, totalmente indebido en un contexto democrático.

Como era de esperarse, se realizó desde el oficialismo provincial un escrache público en contra del Fiscal Federal Dr. Christian Rachid, propiciando todo tipo de acciones injuriantes, difamatorias y violentas sobre su persona.

Por lo acontecido, distintas asociaciones de Fiscales, tanto de nuestro país como de América Latina, manifestaron su profunda preocupación ante las embestidas del poder político oficialista sanluiseño en forma de hostigamiento mediático hacia a los fiscales y a los jueces que se pronunciaron en contra del polémico plan económico.

A pesar de todo esto, por estas horas vuelven a asomar medidas desde el Gobierno Nacional que buscan frenar el malhumor social ante un estado calamitoso de la economía, se comienza a gestar una segunda versión de un plan que nuevamente apuesta por los bonos a sectores vulnerables, refuerzos en asistencia alimentaria y adelantamiento de paritarias. Esta reversión del «Plan Platita» que esconde el Presupuesto Nacional 2023, destinará más de un billón de pesos a pagar planes sociales durante el próximo año tal como se desprende del proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el Ministerio de Economía ante el Congreso de la Nación. El gasto oficial durante el próximo año electoral se enfocará en dos programas clave del Ministerio de Desarrollo Social: Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias.

Siendo este un año que sirve como antesala de las elecciones venideras, los propulsores de este modelo buscarán, tanto desde el sillón de Rivadavia, como desde los puestos de sus caudillos provinciales, enarbolar nuevamente una bandera de responsabilidad social,  impregnada del aroma contaminante del populismo, modelo en el que la afinidad hacia el mal uso del dinero del pueblo, es un atributo excluyente de sus líderes, quienes usan el poder del Estado para obtener sus propios beneficios.