Es importante analizar que, además de un capricho del Gobernador por sus diferencias políticas con el Jefe Comunal, existe algo más, que precisa ser debatido de cara a la sociedad.
Días atrás, el Intendente de la Villa de Merlo, el Dr. Juan Álvarez Pinto, en una entrevista brindada a un medio radial local, planteaba un gran interrogante que inquieta a la mayoría de los merlinos a diario, el cual, surge en relación al reciente anuncio del Gobierno de San Luis que da a conocer la multimillonaria suma destinada a la creación de un Centro de Convenciones en el edificio donde funcionaba hace muchos años el Establecimiento Educativo N°65. La pregunta es ¿por qué no se realizan inversiones que den una solución a las verdaderas demandas de la Comunidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la grave situación hídrica que atraviesa la Villa de Merlo?. Los fondos económicos evidentemente existen, pero no hay ningún interés por parte del oficialismo provincial en responder a las necesidades inmediatas de una de las Ciudades más importantes de la Provincia.
Para comenzar a desentrañar la respuesta a esta incógnita, hay que tener en cuenta tres factores elementales: en primer lugar, la Adjudicación de la Licitación como una facultad esencialmente discrecional de la Administración Pública, en segundo, la «carterización» de las empresas que construyen la obra pública provincial a pesar de los sobrecostos con los que facturan y, en tercer lugar, la forma en la que se justifica la inversión, principalmente, el real grado de provecho de la Comunidad sobre esta, considerando el contexto de aplicación de las obras, además de la relación entre «la estructura y el trámite» que se desarrolla en el seno de los edificios que se generan como resultado del plan.
Con respecto a la Adjudicación, es preciso decir que es el acto mediante el cual la Administración le atribuye el objeto de la Licitación a un oferente cierto y determinado, en la medida que su oferta se haya ajustado a todos y cada uno de los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases y condiciones y resulte la de mejor conveniencia para sus intereses. Luego de analizar cada oferta se determina por la más conveniente para la Administración.
De lo que ha de entenderse como oferta más conveniente deja de ser una decisión esencialmente reglada, para convertirse en una preponderantemente discrecional o valorativa, siendo, la discrecionalidad, la libre apreciación que se le da al órgano administrativo, con vistas a la oportunidad, la necesidad, la técnica, la equidad o razones determinadas que puede apreciar circunstancialmente en cada caso; todo ello con límites consignados y consagrados en la ley, pudiendo resumirse entonces, en que la adjudicación es el Acto Administrativo por medio del cual la Administración determina, declara y acepta la propuesta más ventajosa.
Cuando la ley aclara que la adjudicación deberá recaer sobre «la oferta más conveniente» le otorga a la Administración la facultad para juzgar, en su calidad de gestora del bien común, cual de todas las ofertas resulta la más adecuada, siendo que la preferencia por un módulo determinado de evaluación, salvo que la ley o los Pliegos dispongan lo contrario, constituye una apreciación libre de la Administración, otorgando posibles vías de escape a los principios generales del derecho, en especial a los de mensurabilidad, razonabilidad, proporcionalidad y buena fe.
Aquí es donde entra en juego el segundo factor: la «carterización» de empresas, lo cual consiste básicamente en «detectar» los grupos de servicios (empresas constructoras) que son capitales para el negocio, es decir, las que van a ser optadas recurrentemente por medio de la discrecionalidad antes mencionada para operar las obras públicas. El punto es, ¿son estas empresas sólo en apariencia de propiedad privada, pero pertenecen al círculo de dominio del oficialismo provincial?, de ser así, no importaría cuantos concursantes se presenten, siempre estas ganarían las licitaciones a pesar de cualquier sobrepresupuesto, existiendo un interés más allá del beneficio común y sólo para cumplir con el objetivo del contratante, que a la vez, actuaría como su dueño indirecto.
A esta altura resultaría demasiado elocuente el por qué de este tipo de procedimiento y, más aún, cuando estas obras son escasas en municipios opositores al oficialismo provincial como es el caso de nuestra Villa, debido a la complicidad que deberia existir entre los poderes para llevar adelante acciones poco transparentes, lo que conduciría a la hipótesis de que mientras menos presencia exista del oficialismo en un territorio, la gestión de Gobierno es, indudablemente, más cristalina.
Para entender el funcionamiento de cualquier organización, inclusive la de un Gobierno, es necesario analizarla desde dos puntos de vista distintos, si bien complementarios: la estructura y el trámite, los cuales son dos caras de una misma moneda. Una organización en la que los trámites circulen sin una definición estructural de sectores, con competencias, misiones y funciones suficientemente definidas, probablemente se tratará de un jardín de infantes donde los niños y niñas juegan a «la oficina de papá». A su vez, si uno imagina una organización cualquiera, en la que estén perfectamente estructurados todos sus sectores en las relaciones de dependencia funcional y jerárquica, pero por la cual no circula absolutamente ningún trámite, probablemente estemos ante una organización fantasma, ya que la estructura es una fotografía del trámite, y el trámite es la estructura en movimiento.
Bajo la premisa de que «la obra pública es uno de los motores que mueve la economía y mejora la calidad de vida de los sanluiseños» nos intentan vender que las obras, por si solas, son un símbolo de desarrollo y progreso, pero nos entregan estructuras fantasma, hospitales monumentales sin personal médico y los pocos centros de salud que se mantienen en funcionamiento lo hacen de manera deficiente; colosales centros educativos sin profesionales, coexistiendo con escuelas desarrollándose en niveles críticos de infraestructura; autopistas de cientos de kilómetros de recorrido que sólo conducen a parajes y por cuyas vías no circula un tránsito vehícular que justifique las erogaciones millonarias que se dispusieron para construirlas; enormes cantidades de edificios faraónicos inexplicables, que se erigen como monumentos a la ostentación de un Gobierno que necesita la obra pública para «colocar» dinero limpio en sus arcas personales, a través de la creación de estructuras vacías por las que no pueden circular «trámites» que le den sentido de existencia, o lo hagan de manera deficiente y, muchas veces, sin un objetivo racional.
San Luis es una provincia que tiene sometida a la mayoría de su población a planes sociales y con escaso empleo genuino; presume un bajo déficit habitacional, cuando su principal fuente de recursos para la construcción de viviendas proviene del FONAVI con fondos nacionales. Tiene muy pocas escuelas funcionales, con profesionales docentes trabajando en situación precaria y con un calendario escolar que se encuentra entre los más reducidos del país; a la vez que desde el Ejecutivo, se niega la existencia de villas, cuando los asentamientos Eva Perón, Tibileti, Pucará, 9 de julio y 25 de mayo, por nombrar a los más reconocidos, evidencian lo contrario y, en los cuales, abundan familias viviendo en la extrema pobreza, pero la prioridad es otra, siempre es otra.
Todos estos sinsentidos que van en detrimento de muchos deseos y necesidades de la sociedad, encuentran una oscura lógica que da coherencia a un orquestado sistema de estrategias que intentan ocultar el entramado de corrupción que se esconde tras los «cascarones» de hormigón y hierro, contándonos una realidad objetiva: al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá no le interesan las necesidades de la sociedad, no busca entablar relaciones de cooperación con los Municipios; las obras multimillonarias no son para el bien común; el hombre sentado en Terrazas del Portezuelo sólo quiere dominar y someter a sus anchas, para lograr sus negociados personales.
Muchas veces no todo es como lo cuentan, sólo hay que aprender a ver más allá de lo obvio.
