La búsqueda incansable del Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por colocar a sus amigos y aliados políticos en cargos clave del Estado es avasallante. Tras su derrota electoral en junio contra Claudio Poggi, Rodríguez Saá no parece dispuesto a aceptar el veredicto de las urnas y, en su afán de mantener su influencia, ahora busca nombrar al ex intendente Enrique Ponce como Defensor del Pueblo.
Según reportes del medio La Gaceta Digital, legisladores del oficialismo presentaron una nota solicitando al vicegobernador Eduardo Mones Ruiz que convoque a una asamblea legislativa para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, proponiendo a Ponce para ocupar esta posición. Lo preocupante es que Ponce actualmente es asesor del propio Rodríguez Saá, y ha recibido un sueldo mensual de $800 mil desde que aceptó ser candidato a intendente por San Luis bajo el lema del Gobernador. Además, se ha conocido una polémica contratación de su hijo después de esta decisión. Esto plantea serias interrogantes sobre los criterios de selección de funcionarios en la administración de Rodríguez Saá.
El cargo de Defensor del Pueblo ha estado vacante durante casi 20 años, y es notorio que el Gobernador nunca ha demostrado una verdadera intención de llenarlo, hasta ahora que busca acomodar a su amigo político en el puesto.
Es lamentable que, a escasos meses de finalizar su mandato, Rodríguez Saá y sus seguidores prefieran enfocarse en mantener su poder y perjudicar a Claudio Poggi, en lugar de trabajar en una transición política y administrativa eficiente. Como ya se ha mencionado reiteradamente, todo esto apunta al intento de creación de lo que se denomina como un Estado Paralelo, con la designación de cargos y recursos destinados a favorecer a sus aliados políticos y generar una oposición constante al nuevo gobierno y a los deseos de cambio expresados por los ciudadanos de San Luis.
