En los últimos días, se ha generado una polémica en la provincia de San Luis debido a la contratación acelerada de funcionarios políticos como empleados públicos. Esta situación se produce luego de la derrota electoral sufrida por el oficialismo el pasado 11 de junio, que marcó un cambio de rumbo en la provincia y consagró a Claudio Poggi como el nuevo Gobernador de San Luis.
Diversas áreas del Gobierno provincial, tales como la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Turismo, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno, han comenzado a efectuar nombramientos de personal político en puestos de empleados públicos. Es importante destacar que muchos de estos funcionarios políticos fueron señalados por su presunta participación en amenazas y presiones hacia trabajadores y beneficiarios de planes sociales para obtener su apoyo durante la campaña electoral.
Esta tendencia no se limita únicamente al gabinete, sino que también se extiende a organismos desconcentrados, entes y empresas estatales, así como a asesores que han sido contratados fuera de la escala salarial convencional. Estos empleados están percibiendo sueldos que van desde los 500 mil pesos hasta más de un millón de pesos.
Cabe recordar que hace casi un año, el grupo político Unidos por San Luis conformó un Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal para examinar y supervisar las cuentas públicas, debido a los indicios de que la economía provincial se encontraba en una situación crítica debido a la mala administración de los fondos públicos.
En ese entonces, el organismo encabezado por Claudio Poggi detectó un crecimiento desmesurado en el número de funcionarios durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Poggi denunció en su momento que el Gobierno contaba con 500 funcionarios de más, y además se constató un incremento del 60% en la planta de empleados políticos en áreas como Producción y Turismo.
Ahora, la lista de empleados públicos continúa creciendo a un ritmo alarmante. En los últimos días, se han autorizado más de 80 contratos en un área gubernamental ubicada en el microcentro de la Ciudad, y se han celebrado otros 60 contratos en dependencias de la Secretaría General de la Gobernación.
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por el incremento desmedido de empleados políticos en el Estado, lo cual podría significar un aumento innecesario en el gasto público y un desperdicio de recursos que podrían destinarse a otras áreas prioritarias para la provincia.
