La Universidad de La Punta ha sido objeto de críticas debido a sus exorbitantes gastos en regalos y premios sin control aparente. Recientemente, antes de las elecciones de junio, la Casa de Estudios gastó una considerable suma para respaldar las candidaturas oficialistas de la rectora Alicia Bañuelos y la secretaria de extensión, Susana Torres.

La convocatoria a participar en la «Licitación Pública N° 36-ULP-2023. Expediente N° 0000-2023-6130005» para la «Adquisición de artículos electrónicos destinados a ser entregados como premios en diferentes iniciativas llevadas a cabo por la Secretaría Académica de la Universidad de La Punta» ha llamado la atención. El monto destinado a «los premios» es de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 00/100 CENTAVOS ($136.906,00).

Sin embargo, esta cifra astronómica no viene acompañada de información detallada sobre el tipo de aparatos electrónicos que serán adquiridos, ni cuántos premios se entregarán, ni qué actividades académicas justifican tal gasto, lo que genera incertidumbre y cuestionamientos sobre el uso de los fondos estatales.

Es importante mencionar que la Universidad de La Punta ha sido objeto de críticas previas durante la campaña electoral impulsada por el Gobierno de Rodríguez Saá, que se basó en la estrategia de regalar obsequios en actos populares para atraer a la gente y, posiblemente, influir en su voto. Sin embargo, esta táctica no tuvo el éxito esperado en las urnas.

Durante la campaña, tanto Alicia Bañuelos como la secretaria de extensión, Susana Torres, llevaron a cabo actos masivos en los que se regalaron monopatines, celulares, tablets y otros dispositivos tecnológicos, todo ello financiado por fondos cuyo origen aún no ha sido completamente transparentado.

Además, se ha denunciado que Bañuelos recurrió a tácticas cuestionables para asegurar su elección, como obligar a empleados y estudiantes de la ULP a asistir a reuniones donde se difundían falsedades sobre el candidato opositor, Claudio Poggi.

La licitación de los $137 millones ya está en marcha, aunque aún quedan incógnitas por resolver, como qué proveedores serán los ganadores y qué tipo de artículos electrónicos serán adquiridos por esta elevada suma de dinero. Además, es relevante conocer la planificación de actividades que justifiquen dichos premios.

Resulta imperativo que se garantice la transparencia en el uso de los recursos públicos y que se realice una rendición de cuentas exhaustiva sobre el destino y justificación de estos gastos. La comunidad académica y la sociedad en general merecen tener claridad sobre el manejo de los fondos estatales y la finalidad de estos premios. Asimismo, es esencial evitar que los intereses políticos interfieran en el buen funcionamiento de las instituciones educativas.