El gobernador en funciones, Alberto Rodríguez Saá, ha generado gran controversia al ordenar a sus senadores y diputados que impulsen leyes polémicas en medio de una grave crisis social. Sin embargo, detrás de todo esto, se vislumbra una inquietante estrategia: la creación de una contraorganización política dentro del propio Estado.

Con una cómoda mayoría en el Senado, Rodríguez Saá ha logrado la aprobación de un controvertido proyecto de ley que modifica el Artículo 11 de la Ley N° VIII-0253-2022 «Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, año 2023». Esta iniciativa incrementa el número de cargos en la administración central y organismos descentralizados, lo que ha levantado suspicacias sobre su verdadero propósito.

La rapidez con la que se aprobó este proyecto ha generado sospechas, ya que se concedió muy poco tiempo para la lectura de los fundamentos y se autorizaron decenas de nuevos puestos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Estos nuevos nombramientos, con sueldos estimados de hasta $800 mil, tendrían un impacto financiero de $500 millones en el Presupuesto, en un momento en el que la provincia enfrenta una crisis social y económica que requiere medidas urgentes.

No obstante, el plan del gobernador va más allá. En un intento de consolidar su poder incluso después de dejar el cargo, ha enviado otro proyecto de ley polémico: «Modificación de la Ley N° II-0879-2014 Universidad Provincial de Oficios ‘Eva Perón'». Bajo esta modificación, la Universidad Provincial de Oficios se convertiría en una suerte de gobierno paralelo, dotándola con fondos millonarios y poderes especiales, sin los controles necesarios.

Esta estrategia implica la colocación planificada de seguidores y aliados en puestos clave dentro del gobierno y las instituciones estatales. Aprovechando el acceso privilegiado a información y recursos, buscan ejercer influencia desde las sombras y asegurarse de que sus intereses estén protegidos.

Es fundamental recordar que la política debe servir al pueblo y no ser un vehículo para satisfacer ambiciones personales. Ha llegado el momento de poner fin a estas tácticas manipuladoras y trabajar por un gobierno verdaderamente transparente y comprometido con el bienestar de todos los sanluiseños.