A un mes de dejar su cargo, Rodríguez Saá convirtió a 5,600 empleados contratados en la administración pública en empleados de planta permanente, marcando un inusual precedente en la historia gubernamental del país. Este movimiento, malintencionado, busca afectar no solo la economía provincial, sino también perturbar la paz social a corto plazo, generando aún más preocupación debido al posible impacto negativo en la economía provincial y la inquietud sobre el estado de los fondos de San Luis, los cuales permanentemente arrojan resultados deficitarios.
El 30 de octubre, mediante el decreto N° 10140-MEP-2023, se autorizó la transición de los contratados a empleados estables del Estado a partir del 1 de noviembre de 2023. Este cambio beneficia a 5,600 personas, una acción sin caso previo durante las anteriores gestiones de Rodríguez Saá, quien solo consideraba a aquellos contratados con una antigüedad igual o superior a seis meses, ya sea de manera continua o discontinua, y que estuvieran en servicio para el 1 de noviembre.
Lo que agrega más controversia a esta situación es que entre los nuevos empleados permanentes se encuentran funcionarios, familiares de funcionarios de alto rango, reconocidos operadores políticos y familiares de políticos y miembros de otros poderes del Estado, quienes fueron beneficiados de manera discrecional.
Estas acciones administrativas están siendo investigadas por una posible violación a la Ley de Presupuesto, que especifica las condiciones para contrataciones de este tipo.
