La Fiscalía de Estado impulsará una denuncia contra el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá por presunta defraudación a la administración pública, tras la declaración que realizó en el juicio oral contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, donde admitió haber ordenado la compra del colectivo con un sobreprecio de 175 millones de pesos.
El fiscal adjutor Rafael Berruezo confirmó que promoverá una nueva investigación penal independiente del expediente en el que se juzga a Ramírez, dado que el proceso contra la exfuncionaria está en su tramo final. “Vamos a denunciarlo desde la fiscalía, atento a lo que ha declarado, por ser coautor del delito de defraudación a la administración pública”, dijo Berruezo a El Chorrillero, y adelantó que la presentación formal se realizará en los próximos días.
Durante la tercera jornada del debate, Rodríguez Saá reconoció haber dado la orden de compra “con el monto que fuera”, lo que, según el fiscal, constituye una autoincriminación que amplía el alcance de la pesquisa. Berruezo indicó además que podrían quedar alcanzados por la denuncia otros exfuncionarios que, según la declaración del ex gobernador, dieron el visto bueno a la operación: el ex ministro de Gobierno Fabián Filomena, el ex secretario General de la Gobernación Miguel Berardo y el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo.
El caso se centra en la adquisición de un colectivo por aproximadamente 290 millones de pesos, cuyo estado real fue cuestionado en el juicio. El informe pericial presentado en la audiencia describió al vehículo en condiciones deficitarias: elevado kilometraje, falta de aceite, cubiertas en mal estado y averías que impedían su normal circulación. Berruezo subrayó que la compra no se concretó entregando el dinero al club para elegir unidad, sino que se destinó específicamente a esa unidad en particular.
El fiscal también apuntó a irregularidades en la operatoria: la adquisición se habría realizado a una empresa de transporte en vez de a una concesionaria, pocos días antes del cambio de gestión y con documentación que consideró “muy rara”. Berruezo afirmó que la eventual responsabilidad penal de Rodríguez Saá sería independiente del resultado del juicio contra Ramírez, dado que el ex gobernador se atribuyó la responsabilidad por la orden de compra.
(Se mantiene en trámite la investigación; no se informaron medidas cautelares ni imputaciones formales adicionales por el momento.)
Fuente: El Chorrillo