El Gobierno ha tomado la decisión de impedir que los bancos adelanten fondos a los distritos para cubrir los salarios de empleados públicos, generando preocupación entre gremios estatales. La comunicación A7674 del Banco Central limita los adelantos de entidades financieras, lo que complica el pago puntual de salarios a más de 700 mil agentes de la administración central y amenaza a un total de 3,5 millones de trabajadores en provincias y municipios. Esta medida se suma a la reducción de horas extras y los recortes de contratos en el sector público, generando inquietud en diversos ámbitos laborales.
La resolución del Banco Central afecta no solo a la plantilla de la administración pública nacional, que incluye a trabajadores estatales de diversos sectores, sino que también impacta en municipios y gobiernos provinciales que se financian de la misma manera. La preocupación se intensifica ante la dificultad para fondearse a través de los bancos mientras se espera el giro del Tesoro nacional para cumplir con las obligaciones salariales.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, señala que esta medida podría tener implicaciones más amplias, sugiriendo un posible favorecimiento a entidades financieras más grandes en detrimento de las más pequeñas. En sus declaraciones al jefe de Economía, Luis Caputo, Aguiar destaca el riesgo de favorecer a grupos financieros con condiciones desfavorables para obreros y jubilados. La decisión del Gobierno, enmarcada en las restricciones a los distritos por la demora en la ley ómnibus, plantea un escenario desafiante en el que se busca ajustar las cuentas públicas, generando incertidumbre en el panorama laboral de millones de trabajadores.
