La Justicia está investigando la responsabilidadde los funcionarios en relación a los 160,000 beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo que viajaron al extranjero. Inicialmente, el fiscal Guillermo Marijuan inició la investigación preliminar, pero posteriormente, el fiscal Franco Picardi se hizo cargo del caso, con la supervisión de la jueza María Servini.

La investigación se centra en los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y cómo se permitieron estas irregularidades. Más de 160,000 beneficiarios aparecen con viajes al extranjero, de los cuales el Ministerio reconoce problemas en algo más de 1,100.

Picardi busca identificar a los posibles beneficiarios que hayan defraudado al Estado al acceder a la asistencia social de manera indebida y también investigar si hubo incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios encargados de controlar los planes.

El Ministerio de Desarrollo Social suspendió a 1,163 usuarios tras detectar viajes costosos, incluyendo cruceros. Sin embargo, las cifras difieren con las de los investigadores judiciales. La suspensión de los planes se basó en el cruce de datos con información de Migraciones, que el ministerio tenía vedada por la protección de datos personales.

El Gobierno argumenta que la mera salida del país no implica incompatibilidad con el plan y se enfocaron en viajes costosos. La cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz identificó a 1,163 beneficiarios que habrían salido del país a destinos considerados «onerosos» y los suspendió.

Se abre un plazo de 30 días para que las personas afectadas expliquen su situación y, si no se presentan, podrían perder el beneficio. Esto se asemeja a una operación utilizada anteriormente en casos de denuncia de planes sociales.

Las diferencias en las cifras se explican por la situación de personas en zonas fronterizas y extranjeros nacionalizados argentinos. El Gobierno busca determinar si hay indicadores de ingresos no declarados en estos casos.

El ministro de Economía anunció cambios en los programas sociales, incluyendo capacitación laboral obligatoria, inscripción en bolsas de empleo y control de contraprestación para los beneficiarios. Estos cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2024 si es presidente.